jueves, 8 de julio de 2010

CRIMINALIZACIÓN Y PERVERSA PERSECUCIÓN JUDICIAL


LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA Y LOS PERVERSOS JUICIOS DEL ESTADO Y LA MINERA CORRIENTE RESOURCES-ECSA-ECUACORRIENTES-EXPLORCOBRES

Gualaquiza, 4 de julio de 2010

Dentro de criminalización de lucha popular y en particular de la protesta contra la invasión minera extranjera, las clases dominantes no han dudado en utilizar las más perversas estrategias para tratar de acallar la justa protesta de las comunidades afectadas. Para ello, se ha utilizado invariablemente la maquinaria de control y represión: el Estado; no únicamente se ha requerido a la policía y al ejército para reprimir violentamente contra las comunidades y detener a sus dirigentes, sino, también se han empeñado premeditadamente encaminar procesos judiciales basados en información manipulada y falsos testigos, las intensiones que persiguen con estos “juicios” es tratar de intimidar a quienes se oponen contra los mega proyectos mineros. Iniciar juicios contra dirigentes populares para sembrar miedo a las poblaciones y comunidades que protestan contra la amenaza minera ha sido otra burda estrategia de un Estado semicolonial al servicio de capital extranjero.

El gobierno de Correa ha sido el vocero y represor oficial contra el pueblo a favor de las mineras imperialistas. Esto ha sucedido desde los primeros días en que tomó posesión del cargo de presidente de la república, está cobarde política de represión ha sido constantemente denunciada por la organizaciones y comunidades que vienen luchando contra los megaproyectos mineros y que se agruparon en la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (coalición popular independiente del reformismo politiquero y ongs). Algunas organizaciones de base han venido desnudando el carácter reaccionario de este gobierno desde hace rato, desde el mismo instante que este surgió (mientras otras organizaciones seudo izquierdosas y dirigentes podridos hacían compadrazgo con Correa en el circo electorero), la criminalización de la lucha popular, y muy particularmente la criminalización contra los que se alzaron contra las trasnacionales mineras. La criminalización de la resistencia no es nueva, los métodos de represión como la detención, el encarcelamiento y sobre todo la persecución judicial han venido dándose sistemáticamente ya desde hace algunos años, pero lo que no cabe ninguna duda es que toda esta política represiva se agudizó con el gobierno proimperialista y pro minero de Correa.

Las organizaciones agrupadas en CNDVS han vivido la brutal represión de este gobierno desde el 2007, han venido denunciando las decenas de juicios perversos, detenciones, heridos en manifestaciones, violaciones de Derechos Humanos, campañas de desprestigio de la lucha, etc.; no se podíamos esperar algo distinto de un gobierno auto llamado de “progresista” que entró ha gerenciar el Estado burgués y semicolonial. De pasó el pueblo ecuatoriano debe empezar ha abrir los ojos y cuidarse del oportunismo pequeñoburgués seudo izquierdoso tanto indígena, mestizo, blanco, negro, ongs, etc., que de manera cretina se descorazonan apoyando a gobiernos reaccionarios de derecha, (ya lo hicieron embrollando al pueblo con Lucio y de nuevo con Correa), su papel ha sido lanzar gritos de sirenas confundiendo al pueblo con el cuento que Correa era “progresista”, “patriótico” y hasta “revolucionario” de ahí que le apoyaron fervientemente. Pero como su oportunismo es descarado ahora y con el único afán de protagonismo, clientela politiquera y por la teta dentro del estado burgués, se rasgan las vestiduras y hasta han empezado a victimizarse con la novedad que también están siendo “criminalizados”. Que raro, cuando las comunidades y organizaciones populares se alzaban contra la mineras imperialistas ( cuando con la lucha sacrificada en el 2006, 2007, 2008 y 2009 se pararon los proyectos) ciertas “históricas” organizaciones criticaban al movimiento anti minero diciendo que “están haciéndole el juego a la derecha” y algunos “históricos” dirigentes compartían sendos convenios con las empresas mineras, incluso un “histórico” politiquero y diputado indígena condecoraba esos tiempos al pabellón de la Cámara de Minería del Ecuador; que ha pasado, acaso hay algún gato encerrado o es el más puro oportunismo politiquero que cabalga sobre las bases obrera y campesino-indígenas, señores sean coherentes al menos para tapar su servilismo al estado reaccionario, si hay masa consiente que se da cuanta de todas estas cosas, dejen de vivir como garrapatas del estado burgués y de las ongs imperialistas. El gobierno de Correa nunca se ha derechizado, nunca ha traicionado sus objetivos, los eternos traidores son los que se arrastran de estos falsos gobiernos populistas y reaccionarios, el gobierno de la “revolución ciudadana” no se puede derechizarse porque en esencia y carácter siempre ha sido de derecha, señores “dirigentes” de esas organizaciones pequeñoburguesas tradicionales ya sean coherentes siquiera para tapar su cretinismo. El pueblo consciente si lo entiende y comprende estas cosas.

El gobierno de Correa, el gobierno “revolucionario y patriótico”, el gobierno de los “grandes avances”, el gobierno del “sumak kausay” desde que inicio su período CRIMINALIZÓ la lucha, en especial la lucha contra las transnacionales mineras, acusó a las organizaciones y comunidades del sur del país de “terroristas”, muchos dirigentes han sido judicializados bajo cargos de “sabotaje y terrorismo”, muchas personas han sido maltratadas brutalmente por las fuerzas del orden, incluidas mujeres, como las valerosas luchadoras de Molleturo. En el paro anti minero de junio del 2007 treinta y cinco personas fueron ilegalmente detenidas y otras 43 fueron heridas en Azuay y Morona Santiago, el 5 de enero del 2009 fueron reprimidos salvajemente tanto en Molleturo Azuay, Indanza y Gualaquiza en Morona Santiago, en esa fecha fue detenido ilegalmente, disparado con arma de fuego y torturado el dirigente campesino Vicente Zhunio, la detención del dirigente Zhunio fue uno de los caso más miserables de violación de los Derechos individuales y humanos. Todo esto ha sido denunciado por las organizaciones y comunidades de la resistencia anti minera, pero la impunidad de las autoridades judiciales y de ciertos organismos de Derechos Humanos (aduladores del régimen) ha servido para tratar de encubrir lo que el gobierno ha venido cometiendo. Que raro que la llamada Comisión de la Verdad no ha dicho ni media palabra sobre las conocidas violaciones de Derechos Humanos cometidos por este gobierno contra personas que se oponen a los proyectos mineros, más bien han sido algunos organismo internacionales de Derechos Humanos los que se han pronunciado sobre dichos casos, mientras ciertas ongs nacionales ni pio, solo buscando manosear los casos y servirse de ellos para gestionar la llamada "ayuda" internacional de la que viven como sabandijas.

CASO “ROSA DE ORO”, LOS SUCESOS DE NOVIEMBRE DEL 2006

Desde el 2005 y sobre todo en el 2006 fueron años muy convulsionado por la protesta campesinas contra las mineras invasoras en el sur de Morona Santiago, este fue un gran proceso popular de resistencia y concientización al que contribuyó muy decisivamente la Coordinadora Campesina Popular de Morona Santiago, todo este proceso contagió a sectores de base de comunidades shuars que se definieron y llevaron adelante también un dura lucha en contra de compañías extranjeras. Estos hechos son muy conocidos y públicos en la región.

En la primera semana de 2006 las comunidades campesinas y poblados de Morona Santiago y apoyados por el Consorcio Provincial de Juntas Parroquiales de la provincia llevaron movilizaciones contra la minera canadiense Corriente Resources–Ecsa-Explocobres-Ecuacorrientes que de manera ilegal había adquirido cerca de 100 mil hectáreas bajo concesiones mineras (desde hace más de una década sucedía todo eso). Hay que señalar que dichas concesiones mineras y la misma presencia de las mineras nunca fue consultado ni informado a las comunidades locales, nadie conoció de ningún estudio de impacto ambiental ni nada parecido. Estas movilizaciones fueron conjuntamente fortalecidas por las comunidades indígenas shuar que se movilizaron desde sus propias comunidades. En esos primeros días de noviembre del 2006 sorprendió a la parroquia de Pananza del Cantón San Juan Bosco por la presencia de militares fuertemente armados, esa zona se había militarizado, grupos de comandos estaban esparcidos por distintos puntos y caminos, esta presencia militar fue muy criticada y denunciada por la población. El día 6 de noviembre comunidades mestizas y shuars llevaron a cabo una protesta pacífica frente al campamento minero Curigen de la minera Corrientes Resources, pedían la salida de la empresa por los graves conflictos sociales que había provocado en la zona, los manifestantes hicieron su protesta frente a tres casetas de dicho campamento, pues dichas instalaciones habían sido militarizadas hace un par de días, unos doscientos militares estaban al interior del campamento, hacían cordones de seguridad por todos lados. Muchas más personas llegaron de San Juan Bosco al siguiente día, incluso habían algunos concejales y hasta su alcalde, era un hecho muy cívico, pues la protesta pacífica frente al campamento despertó simpatía incluso de algunos conocidos partidarios de la minera, algunas autoridades locales que antes defendían a la minera ese día voluntariosos ayudaban a repartir la comida del almuerzo campal que tuvieron los manifestantes, incluso algunos militares comieron después de esa mesa, nunca hubo ninguna invasión de la población civil en dicho campamento, lo que si había es la decisión de la población de quedarse allí vigilante en su pedido que la minera se vaya, pero jamás nadie ingreso al campamento, menos cuando dicho lugar estaba repleto de militares ya desde hace algunos días atrás. A la tarde de ese día llegó un helicóptero militar trayendo a un general del ejército, dicho general que luego se supo fue el comandante del batallón de Gualaquiza tuvo una reunión con algunos representantes de las comunidades shuar, autoridades de San Juan Bosco y otras personas de las protestas. Como conclusión del diálogo pacífico que hubo se anunció que la compañía minera había decidido retirase voluntariamente y por cuenta propia. En esa misma tarde empezaron a trasladar algunas cosas, lo hicieron en un vehículo de los militares y en una volqueta del municipio de San Juan Bosco, todo esto se dio en tranquilidad, incluso se regalaron cobijas, almohadas y otras enseres a los propios manifestantes, allí termino la protesta, la gente se retiró de la calle ya al caer la noche.

PERSECUCION JUDICIAL CONTRA LINA SOLANO, VICENTE ZHUNIO, FERNANDO MEJIA Y OTRAS 19 PERSONAS

En diciembre del 2007 un abogado domiciliado en la ciudad de Loja identificado como Juan Rafael Cuenca Peralta hace una denuncia en la fiscalía de Gualaquiza sobre una supuesta invasión de edificios de la minera Ecuacorrientes. La denuncia mañosamente tergiversa los hechos ocurridos en Rosa de Oro de noviembre del 2006, en dicha denuncia el abogado al servicio de la minera Corriente Resources-ecsa-ecuacorriente-explorcobres usando la mentira y su grueso cinismo quiere aprovechar de tales eventos inventando una supuesta invasión y destrucción de dicho campamento, y de forma malévola tratando de acusar a nuestros compañeros y otras personas como “responsables” de dicha “invasión”. Desde ahí la fiscalía de Gualaquiza abrió una indagación con la que ha pretendido pedir a los jueces iniciar el proceso de instrucción del juicio. Dicha denuncia no tiene ni los mínimos elementos de convicción y de pruebas que den argumentos valederos sobre lo denunciado, pero sin embargo, la fiscalía de Gualaquiza y luego la de Méndez en vez de desestimar dicha denuncia le ha estado dando trámite, al punto que incluso el ex fiscal de Méndez Miguel Villamagua por dos ocasiones ha solicitado la audiencia de formulación de cargos en la cual nombra a los compañeros Lina Solano, Vicente Zhunio y Fernando Mejía como presuntos sospechosos de la llamada “invasión” de edificios que narra e inventa el testaferro Juan Cuenca Peralta en la denuncia presentada.

Dicha “invasión” de “pandillaje” y “armada” que inventa la minera extranjera a través de su testaferro Juan Cuenca Peralta y que es recogida por la fiscalía -según dice la denuncia- habrían ocurrido a finales de noviembre y diciembre del 2006; tanto el individuo lojano Juan Cuenca Peralta y la fiscalía ni siquiera se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta de la supuesta “invasión”, si se refieren a los hechos de Rosa de Oro ello ocurrió en la primera semana de noviembre no a finales y comienzos de diciembre del 2006, y lo más importante, y que cientos de ciudadanos del lugar conocen, NUNCA EN LA PROTESTA PACÍFICA DE ROSA DE ORO HUBO NINGUNA INVASIÓN NI ALLANAMIENTO de ninguna instalación minera, si es que se refieren a esos hechos. Eso lo saben incluso las autoridades locales, el pueblo de Pananza y todo el cantón Sanjuán Bosco y el propio alcalde de esa época (que participó de esos eventos), BASTA DE ESTA TAMAÑA PERSECUSIÓN CONTRA PERSONAS INOCENTES, BASTA DE INVENTAR DELITOS PARA PERSEGUIR, NUNCA PODRÁN INTIMIDAR , SE EQUIVOCAN, JAMAS LO LOGRARAN, ASI PONGAN MILES DE JUICIOS.

Lo que habido en la región sobre todo desde principios del 2005, lo que hubo en el 2006 y lo que hay hasta la fecha actual, es un profundo rechazo del pueblo contra esta minera invasora Corriente Resources y sus subsidiarias, en la primera semana de noviembre hubo un paro provincial en Morona Santiago incluso apoyado por el Consorcio de Juntas Parroquiales de Morona Santiago, se pedía la salida de esa empresa que en forma ilegal se había apoderado de cerca de cien mil hectáreas bajo contratos de concesiones mineras. La empresa invadían fincas y territorios indígenas como quería, pero el pueblo se levantó y la minera tuvo que salir voluntariamente de Rosa de Oro y de muchos otros lugares, la presión y el rechazo del pueblo de Morona Santiago se hizo sentir.

La compañía minera Corriente Resources-Ecsa-Explorcobres-Ecuacorriente-Accounting Services -hoy en manos del imperialismo chino- no sabe como contrarrestar la antipatía de las poblaciones locales contra sus proyectos mineros de muerte, jamás en la región han tenido la licencia social, ni lo tendrán nunca, lo único que esta minera ha sembrado es división, mentiras en manojos, falsas promesas, reparto de migajas, toda esta conducta miserable no hace más que provocar el mayor odio del pueblo.

Defenderemos a nuestros compañeros hasta el fin, Lina Solano, Fernando Mejía y Vicente Zhunio son ejemplo de lucha y honestidad, han realizado un inmejorable trabajo voluntario en bien de los sectores populares de nuestra región y del sur país, lejos de los intereses individuales y politiqueros han entregado su labor para elevar la conciencia del campesinado, nos han dado las armas de la organización, la conciencia política y la línea de clase para defender y luchar por nuestros derechos. No permitiremos que estos mañosos procesos judiciales quieran intimidar o quebrantar el derecho a la protesta y lucha por la justicia de nuestras organizaciones.

¿Por qué la fiscalía no ha investigado tanta corrupción e ilegalidades de las concesiones mineras, miles de hectáreas festinadas para que testaferros mineros se llenen los bolsillos cediendo a las corporaciones transnacionales? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado siquiera un caso de las innumerables violaciones de los Derechos Humanos y colectivos de las comunidades campesinas e indígenas por parte de esas mineras invasoras? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado sobre la ilegal presencia armada de los militares apoyados por helicópteros esa primera semana de noviembre del 2006 y que aterrorizó a la población campesina de la parroquia Pananza por el simple hecho de proteger un negocio privado de una empresa extranjera? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado los actos criminales de represión y secuestro cometidos contra ciudadanos de Gualaquiza y el Pangui por parte de los militares en su fiel defensa de la minera extranjera Corriente Resources-Ecuacorrientes en diciembre del 2006? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado sobre el tráfico de tierras y testaferrismo que la empresa minera ha realizado para “legalizar” sus “propiedades”? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado los intereses económicos que tienen las cúpulas militares en los mega proyectos mineros? ¿Por qué la fiscalía no investiga a los funcionarios corruptos que no aplican el Mandato Minero favoreciendo con creces los intereses de las transnacionales mineras? ¿Por qué la fiscalía no investiga sobre las trece y más concesiones que están en manos de la minera invasora Corriente Resources cuando lo la ley dice que no podría tener más de tres?

Hay decenas de preguntas que un Estado semicolonial y un gobierno corrupto nunca responderán al pueblo. Lo único que saben es reprimir a los sectores populares, utilizan la fuerza armada y judicial para irse contra el pueblo, su papel es proteger los negocios de las clases dominantes y de los imperialistas.

¡ RECHAZAMOS LA PERSECUCIÓN JUDICIAL
CONTRA NUESTROS COMPAÑEROS !

¡ ABAJO LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR !

¡ POR LA UNIDAD Y LUCHA CAMPESINA !

¡ FUERA MINERAS IMPERIALISTAS !

COORDINADORA CAMPESINA POPULAR CCP