domingo, 4 de septiembre de 2016

TRIBUNAL POPULAR condenó la invasión
minera imperialista

Viernes 2 de septiembre de 2016, 09:45, parque Calderón-Cuenca, comienzan a llegar las delegaciones de las zonas afectadas por los proyectos mineros Río Blanco, Quimsacocha, Pananza-San Carlos. Igualmente arriban representantes de las organizaciones convocantes del Tribunal Popular: Bloque Proletario-Ecuador, Vientos del Pueblo, Coordinadora Campesina Popular CCP, Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.


10:00 la Comisión de Comunicación del Tribunal, conformada por un representante de cada organización convocante, dialoga con la prensa.

10:20 se instaura del Tribunal Popular. Vianca Gavilánez en representación del Bloque Proletario BP-Ecuador, y Lina Solano de la Coordinadora Campesina Popular CCP, dan lectura al documento que recoge un resumen de los principales acontecimientos de la lucha de resistencia contra la minería en la última década y las violaciones de derechos cometidas por las transnacionales, Estado y gobiernos de Ecuador, en especial el de Rafael Correa. Igualmente se menciona la actuación de la función judicial, la Defensoría del Pueblo, las autoridades locales (provinciales, municipales y parroquiales); a los oportunistas que han aprovechado de esta lucha como trampolín electoral y a las ongs. (Ver documento al final de la nota).



Se llamó entonces a quienes rindieron sus testimonios ante el Tribunal Popular, afectados directos de la violencia generada por los megaproyectos mineros Río Blanco y Quimsacocha, en Azuay, y Pananza-San Carlos en Morona Santiago.

Santiago Peláez de la Coordinadora Campesina Popular CCP, denunció ante el Tribunal la militarización de la zona del proyecto Pananza-San Carlos, donde el 11 de agosto se dio el desalojo de la comunidad de Nantkims, y desde entonces, bajo el resguardo de policías y militares, se avanza rápidamente en la construcción de un nuevo campamento de la transnacional china Tongling, que en este sector se presenta con el membrete de Explorcobres.

También Rosario López del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía presentó su testimonio, de cómo en las comunidades de San Miguel de Conchay, se ha perdido la calma con esta militarización, ya que se está impidiendo a los campesinos utilizar los caminos que ellos tienen para trasladarse hacia sus fincas, y como, en pretexto de la unidad educativa del milenio creada en San Juan Bosco por Ecuador Estratégico, se les ha quitado las escuelas comunitarias y hasta un colegio a distancia que servía a los jóvenes campesinos de ese sector para obtener un bachillerato. “Ahora nos ha quitado las escuelitas de las comunidades que bien servían para educar a nuestros hijos, y nos quieren obligar a que les mandemos a la escuela del milenio. Igual quitaron el colegio a distancia y ahora muchos jóvenes ya no podrán estudiar por lo menos para terminar la secundaria”.

Por su parte, Fernando Mejía dirigente de la Coordinadora Campesina Popular CCP, recalcó el hecho de que la función judicial del país ha estado siempre al servicio de las transnacionales y el gobierno, de allí que nunca ningún fiscal o juez ha emprendido una acción legal por los derechos que se ha violado desde la misma entrega de las concesiones mineras. Recordó que: “Ni siquiera al haberse desacatado el Mandato Minero por el que tuvimos que luchar en las calles, ninguna institución, incluida la Defensoría del Pueblo, hizo nada para que se cumpla con la extinción de las concesiones inconsultas de los megaproyectos mineros.”

Posterior a los testimonios se hicieron las acusaciones formales, determinando el Tribunal la culpabilidad de todos los acusados. (Ver documento al final de la nota).


Luego del proceso de juzgamiento el TRIBUNAL POPULAR tomó las siguientes resoluciones:

-         Continuar fortaleciendo la resistencia de las comunidades y organizaciones en los territorios afectados por los megaproyectos de minería.
-         Llevar adelante acciones para recuperar los territorios invadidos por las mineras imperialistas y continuar la oposición a los megaproyectos de muerte.
-         Rechazar en forma permanente al imperialismo chino y otros que violan la Soberanía Nacional.
-         Repudiar al gobierno vendepatria de Correa como uno de los más entreguistas y serviles del imperialismo, y bregar para que responder por todas las violaciones de derechos que ha cometido.
-         Denunciar en organismos internacionales que el aparato jurídico de Ecuador está al servicio de las transnacionales y el gobierno, por lo que no hay posibilidad de justicia en este país.
-         Denunciar a la Defensoría del Pueblo porque no cumple sus obligaciones constitucionales, y ha dejado en la indefensión a las comunidades afectadas por los megaproyectos de minería, a las y los defensores de derechos y a la Madre Tierra.
-         Continuar exigiendo a las autoridades locales que cumplan sus obligaciones con sus poblaciones territoriales.
Repudiar a todos los politiqueros oportunistas y ongs que utilizan la lucha de las comunidades afectadas por la minería. 


TRIBUNAL POPULAR CONTRA LA INVASIÓN MINERA IMPERIALISTA

1.      ANTECEDENTE Y RESUEMEN DE HECHOS

Desde hace varios años, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos mineros hemos venido resistiendo a la intromisión ilegal e ilegítima de empresas y corporaciones. Por más de una década hemos reclamado a distintas autoridades judiciales y civiles sobre la violación de derechos constitucionales y humanos que las corporaciones mineras y funcionarios de gobierno han venido cometiendo en desmedro de comunidades campesinas, indígenas y ciudadanía en general. 

Muy notorio ha sido ante la sociedad ecuatoriana de como comunidades afectadas y organizaciones populares han resistido y elevado su voz de protesta en innumerables acciones en defensa de sus medios de vida y de la soberanía nacional, lo cual está siendo amenazado por la mega industria minera. Mujeres, hombres, niños, campesinos, indígenas, pobladores, estudiantes han reclamado justicia y respeto a sus derechos.

Pero las justas demandas de las comunidades afectadas y de las organizaciones jamás han sido oídas y atendidas. Nunca ha existido una acción de un fiscal, o de un juez o de una corte para llevar algún proceso judicial acusatorio para frenar las flagrantes violaciones de derechos que empresas mineras extranjeras y funcionarios gubernamentales han cometido contra los intereses del país, las comunidades locales y los ciudadanos.

Desde la década de los 80 y 90 del siglo pasado, decenas de corporaciones mineras se repartieron miles de miles de hectáreas del suelo ecuatoriano, una explosión de concesiones mineras fueran entregadas a dedo por funcionarios gubernamentales amparándose en una legislación hecha a media de las corporaciones. Como buitres tras la presa ingresaron a las comunidades rurales para perforar y rastrear los recursos mineros sin entregar ninguna información y sin consultar a ninguna comunidad. Mientras tanto el estado y gobiernos de turno hacían el silencio cómplice y daban todas las garantías a las empresas invasoras.

Toda esa intromisión ilegal y todo ese festín de concesiones mineras provocaron la reacción de organizaciones populares y comunidades que empezaron a descifrar el riesgo en que se encontraban frente a estos gigantes proyectos de minería que amenazaban sus fuentes de vida.

Desde inicios del 2000, pero sobre todo a partir de 2004, 2005 y 2006 en adelante, se vería una constante movilización de las poblaciones locales, en especial en el sur de Ecuador, contra la invasión minera.

Comunidades afectadas en la zona de Intag en la provincia de Imbabura y en la  provincia de Morona Santiago, cantones como Gualaquiza y Limón Indanza se levantaron en masivas movilizaciones en contra de los proyectos mineros Pananza-San Carlos y Mirador ese tiempo de la canadiense Corriente Resorces-Ecuacorriente. Movilizaciones que fueron contundentes en el 2006 y desembocaron en la suspensión de la actividad minera en Morona Santiago, y el proyecto Mirador en Zamora Chinchipe. También en Azuay se registraron, movilizaciones contra la minera IAMGOLD.

La respuesta de las comunidades afectadas y las organizaciones populares siempre estuvo presente denunciando y reclamando las injusticias, pero los oídos sordos de autoridades que hacían el papel de cómplices y siempre estuvieron de lado de las empresas.

Es muy destacable la labor de las comunidades afectadas y organizaciones populares que valientemente cumplieron una intensa labor de denuncia de las violaciones de derechos, de información y educación sobre los efectos sociales y ambientales que acarrea la mega minería, toda esta labor ayudó muchísimo en visibilizar y comprender esta problemática, labor que jamás estado, gobierno central o seccional alguno se tomó la molestia de hacerlo pese que la ley lo ordena.

Para comienzos del 2007 las comunidades afectadas y organizaciones populares se agruparon la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS, un espacio que fue vital en la resistencia. La CNDVS pudo organizar la resistencia y realizó varias masivas movilizaciones resaltando entre ellas el levantamiento anti minero iniciado el 5 de junio de 2007 y el proceso popular denominado Dialogo por la Vida con el que la CNDVS entró en un proceso movilizatorio con más de 20 asambleas populares en distintas provincias y zonas de conflicto.

La continua movilización y en muchos caso con medidas de lucha que demandó de gran sacrifico de las comunidades afectadas dio como fruto que en el 2008 la Asamblea Constituyente emita el llamado Mandato Minero, disponiendo al Ministerio de Minas y Petróleos de ese entonces la extinción de concesiones por varias causales y la suspensión de las actividades en las concesiones mineras. Sin embargo, este Mandato nunca se ha hecho efectivo, en especial en lo referente al Art. 1 con respecto a la extinción por el incumplimiento del proceso de Consulta Previa, exigido en el Art. 88 de la Constitución anterior; lo que constituyó un abierto desacato, nada menos que a la Asamblea Constituyente de “plenos poderes”, desacato señalado en el numeral 2 del Art. 215 de la Nueva Constitución del 2008; y tampoco lo referente a la extinción de concesiones que están dentro de bosques protectores, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento (Art. 3), así como las que afecten fuentes de agua.

Pese a las innumerables veces que las comunidades afectadas y organizaciones populares han solicitado hasta la fecha actual se aplique el Mandato Minero ordenado por Asamblea Constituyente jamás ninguna autoridad gubernamental ni judicial ha hecho caso sobre este asunto. Simplemente el silencio y la omisión han sido la conducta de complicidad para favorecer a las corporaciones mineras.

En octubre de 2008  cuando entro en vigencia la Nueva Constitución del Ecuador las comunidades afectadas no auguraron ningún cambio importante en la legislación en torno a derechos democráticos, pese a que el oficialismo promocionó a  más no poder los grandes “avances” de la nueva carta magna y se llenó la boca con los llamados “derechos de la naturaleza”, en el fondo nada progresista se lograría para las intereses populares, sino más bien se darían verdaderos retrocesos en la legislación al limitar por ejemplo derechos como el de la Consulta Previa quedando mutilado su ejercicio al sancionarse que la decisión que tomen las comunidades afectadas, no sería vinculante, es decir, que la voluntad de las comunidades locales no tenía ningún valor jurídico, así lo expresa el Art. 398.
Igualmente en la nueva Constitución en el Art. 313 se ordena al estado que de manera exclusiva decida, administre controle y gestione los recurso no renovables bajo el supuesto de sector estratégico, lo que contradice normas de gobiernos regionales y locales sobre el uso y manejo del suelo. También la nueva Constitución como reza el Art. 407 dio poderes excepcionales en donde a petición del Presidente de la república se podría hacer explotación de recursos no renovables en áreas protegidas e intangibles.

En enero del 2009 se sancionó la nueva Ley de Minería, y en noviembre del mismo año se expediría el Reglamento a la Ley de Minería. Esto daría todo el marco legal para que el capital minero tenga vía libre y continúen en sus proyectos de muerte en las comunidades. Pese que varios artículos de dicha ley contradicen artículos señalados en la Constitución no se ha dado pie atrás, más bien algunas acciones legales presentadas sobre la inconstitucionalidad de esa ley fueron rechazadas por algunas autoridades judiciales. Últimamente, se han hecho nuevas reformas a la Ley para satisfacer los apetitos de las corporaciones mineras.

En todos estos años en donde el pueblo ha venido luchando y demostrando  en innumerables ocasiones la ilegalidad de los proyectos mineros, señalando con testimonios y razonamientos los gravísimos impactos que esta invasión minera está provocando en las comunidades y poblaciones, exponiendo el crimen que sería  hacer minería en los páramos andinos como lo es en el caso del proyecto Río Blanco y el de Quimsacocha en Azuay; proyectos como el primero que está ubicado la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, o el segundo que pone en peligro el mismo sistema hídrico del que depende la ciudad de Cuenca, pese a todo ello ninguna autoridad civil o judicial ha hecho nada para detener estas injusticias y graves violaciones de derechos.

Ni fiscales ni jueces, ni la Corte Constitucional y peor aún la llamada Defensoría del Pueblo han sido capaces de defender los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por los mega proyectos de minería. Todo lo contrario, en el caso de la Defensoría del Pueblo, esta no ha hecho nada frente a las denuncias presentadas por las violaciones de derechos cometidas en contra de las comunidades y defensores de derechos, más bien ha dado la razón a la fuerza pública y ha santificado la represión a quienes se atreven a protestar, como en el caso de las mujeres Defensoras de la Pachamama agredidas por la policía en 20 de octubre de 2015 en Molleturo.

Pero ¿cuál ha sido el papel de las autoridades judiciales? Este Tribunal Popular lo dice muy claro: servir al capital minero, ser instrumentos útiles para la criminalización y persecución de toda persona que se oponga a los proyectos mineros. Fiscales,  jueces, policía nacional y militares han cumplido fielmente las órdenes del gobierno central para perseguir judicialmente a campesinos y pobladores que se oponen a la minería, han actuado muy eficientes en reprimir, detener, encarcelar, enjuiciar a dirigentes y pobladores que defienden las fuentes de vida amenazadas con la mega minería.

Mujeres y hombres de casi todas las zonas de conflicto han sido criminalizados, de Limón, de Gualaquiza, de Pangui, de Molleturo, de Victoria del Portete, de Intag. Mujeres campesinas de Molleturo han sido procesadas bajo temerarios tipos penales de Sabotaje y Terrorismo. Uno de los caso más repudiables se dio en enero de 2009 en Indanza parroquia de Limón Indanza Morona Santiago en donde el dirigente de la Coordinadora Campesina Popular, el compañero Vicente Zhunio fue detenido ilegalmente, baleado, y secuestrado en manos de la policía nacional, luego el compañero fue procesado en tiempo record y encarcelado ilegalmente por 30 día en la cárcel de Macas. Luego cuando la defensa pudo probar toda la ilegalidad de ese juicio no le quedó más a la Corte Provincial de Morona Santiago que anular ese juicio y absolver al compañero. Esta es la conducta de cómo han actuado los supuestos representantes de la justicia en Ecuador frente al tema minero, su papel ha sido actuar como serviles del gobierno y del capital minero.

Hoy mismo, este momento denunciamos una vez más el papel lacayo de la fuerza armada del Ecuador, este mismo instante contingentes del “valeroso” ejército ecuatoriano y de la policía nacional resguardan y facilitan la invasión de la minera privada china ExplorCobres de la corporación china Tongling, en la parroquia Pananza, cantón San Juan Bosco al sur de Morona Santiago. El papel de estos soldados y policías es cumplir las órdenes de los ministro Serrano y Patiño, para que atemoricen a la población campesina e indígena de la zona, para que atemoricen a mujeres y niños en la zona, para que cuiden celosamente la construcción del campamento minero de la empresa extrajera china Tongling cerca de la parroquia Pananza, es decir, el papel lacayo de proteger al imperialismo chino y el papel fascista de reprimir a la población local es el papel de las fuerzas armadas ecuatorianas.

En este Tribunal Popular también debemos señalar el papel cómplice de asambleístas, prefectos, alcaldes, representantes de las juntas parroquiales que se llenan los bolsillos con mega sueldos y quienes se han hecho de la vista gorda todo estos años frente a la problemática minera. En su gran mayoría defendiendo los intereses de las corporaciones, unos cogiendo la migajas de las mineras otros haciendo coro con los ingenieros de las minas.
Se debe señalar en este Tribunal a los politiqueros oportunistas que han usado la resistencia antiminera para trepar en los puestos estatales y hacer dinero, algunos de ellos se hacen de la noche a la mañana “luchadores por el agua”, “ecologistas”, “antimineros” solo con el objetivo de hacerse plataforma para andar de candidatos en el circo electoral. Muy indignante es ver a personajes como, Salvador Quishpe o Marcelino Chumpi arrastrándose ante el mejor poster de la reacción y con el grueso cinismo de autodenominarse opositores a la minería.

Incluso algunos cínicos botados del oficialismo como Oswaldo Larriva, personaje conocido como el represor de Molleturo, porque no podemos olvidar que este individuo invadió con la policía la comunidad de Pueblo Nuevo en enero de 2009, en donde ingresaron ilegalmente en las casas, botaron bombas lacrimógenas hasta más no poder sin importarle niños ni mujeres de la comunidad. Igual cosa hizo en Tarqui y Victoria del Portete durante las movilizaciones del 2007 y 2008 y 2009.

Este personaje que hoy se presenta como “defensor del agua”, cuando fue gobernador de Correa difamaba públicamente a miembros del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de ser financiadas por otras mineras. 

Del mismo modo en todo este tiempo de resistencia se ha identificado a un grupo de ongs que bajo el supuesto “apoyo” a la resistencia dividen a las comunidades y organizaciones, viven rebuscando financiamientos, viajes y prestigio; tomándose el nombre de las comunidades afectadas se aprovechan para fines personales.

Ante esta audiencia popular denunciamos una vez más: que nuestro país ha remarcado más su condición de dependencia y semicolonialidad. Que el gobierno vende patria de Correa ha entregado la soberanía nacional al capital financiero imperialista chino hasta niveles insostenibles. Que sectores estratégicos de la economía nacional como petróleo, minas, hidroeléctricas, telefonía, mega construcciones están en manos del capital financiero y buitres imperialista. Que el gobierno de la llamada revolución ciudadano ha endeudado al país hasta ya no poder más, la deuda externa está sobre los 30 mil millones de dólares lo que ha condicionado al país a los intereses chinos cuyos prestamos de rapiña son entregados al gobierno nacional a cambio de ceder el petróleo y los recursos no renovables (minas) que ya no son de los ecuatorianos.

Es esta condición semicolonial y de dependencia en que se ha encadenado al país en estos últimos años, la que provoca que el gobierno correísta trate de imponer a sangre y fuego la era de la mega minería. Son estos últimos años que se ha creado todas la condiciones para favorecer a las corporaciones mineras para que estas empiecen a construir su proyectos.
Ante esta audiencia popular remarcamos, que para este sistema capitalista-imperialista, que para estos gobiernos lacayos, no interesa la vida de las comunidades afectadas, no interesa los ecosistemas, no interesa el agua de las poblaciones, no interesa los derechos humanos ni constitucionales que pueda tener el pueblo ni la Madre Tierra; para este sistema y sus representantes lo único que interesa es la ganancia a toda costa, esa es su lógica.

No se trata de tal o cual estudio, no se trata de aplicar de buena manera lo que dice un estudio de impacto ambiental, no se trata de respetar tal o cual reglamento, no se trata de tener confianza en la buenas obras de los funcionarios de control. No, de lo se trata es de obtener millonarias ganancias y eso sólo es posible a costa de vulnerar los derechos de las comunidades y poblaciones, a costa de matar los ecosistemas, contaminar el agua, el suelo y aire, a costa de hacer a un país un simple proveedor de materias primas. Por eso bien dicho esta que la llamada minería responsable de la que hablan las corporaciones y los gobiernos no es más que “un cuento miserable”.

2.     PRESENTACIÓN TESTIMONIOS

-         Río Blanco: María Herlinda Gutama (Presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama), Georgina Gutama Muevecela (Coordinadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama)
-         Quimsacocha: Rosío Pérez Arévalo (Vicepresidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama), Francisca Zhagüi Chuchuca (Miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensora de la Pachamama).
-         Pananza-San Carlos: Rosario López (Miembro del Directorio del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía); Santiago Peláez (Representante de la Coordinadora Campesina Popular CCP), Fernando Mejía (Representante de la CCP).


3.     PRESENTACIÓN DE LAS ACUSACIONES

Se acusa a las corporaciones mineras imperialistas, al Estado y gobiernos de Ecuador de:

1.       Socavar la Soberanía Nacional, al invadir y despojar de sus territorios a las comunidades a fin de imponer los megaproyectos de minería.
2.      Impulsar e implantar por la fuerza los megaproyectos mineros de muerte para que las transnacionales y sus lacayos obtengan millonarias ganancias a costa de la destrucción de ecosistemas vitales como son los páramos del Cajas y la Amazonía.
3.      Endeudar al país para permitir al capital financiero, chino en particular, presionar sobre nuestros recursos naturales.
4.      Profundizar la condición de país semifeudal reprimarizando la economía, acentuando la dependencia con respecto a la exportación de materias primas como son los minerales.
5.      Utilizar la fuerza pública como guardia de seguridad particular de las corporaciones, militarizando las zonas de conflicto, reprimiendo la protesta de las comunidades, agrediendo física y verbalmente a las y los defensores de derechos cuando reclaman contra la invasión minera imperialista.
6.      Violar, violentar, limitar y negar derechos a las comunidades para imponer los megaproyectos de minería, así como a las y los defensores de los Derechos Humanos y a la Madre Tierra.
7.      Engañar a la ciudadanía con promesas de desarrollo y bienestar que supuestamente traería la minería a gran escala, cuando saben bien que la “minería responsable”, no es más que un “cuento miserable”.
8.     Haber causado mayor violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito familiar y comunitario, como al impedirles desarrollar acciones en defensa de los derechos y de la Madre Tierra.

Además de lo antes anotado se suma al gobierno de Rafael Correa las siguientes acusaciones:

9.      Haber llevado al país a la crisis y a un endeudamiento sin precedentes luego de festinarse una década de los precios más altos del petróleo.
10.  Desacatar el Mandato Minero por el cual quedaron extinguidas las concesiones de los proyectos Río Blanco, Quimsacocha, Pananza-San Carlos y los demás, por ser inconsultos, estar dentro de bosques protectores, áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, y por estar en áreas de donde nacen fuentes de agua, entre otros causales.
11.   Haber declarado como “estratégicos” y de “interés nacional” los megaproyectos mineros Río Blanco, Quimsacocha, Pananza-San Carlos, Mirador y Fruta del Norte, para justificar la entrega de territorio nacional para el saqueo minero.
12.  Poner a subasta pública nuevas áreas para entregarlas en manos de la mafia minera internacional.
13.  Adecuar la legislación ecuatoriana al antojo de las transnacionales para facilitar la invasión y rapiña.
14.  Ser el publicista, recadero, agente, defensor de las transnacionales imperialistas, en especial a través de los ministerios de Recursos No Renovables, Ministerio de Minería, de Ambiente y Secretaría Nacional del Agua SENAGUA.
15.   Facilitar los fraudulentos procesos de entrega de concesiones, licenciamientos ambientales y otros con los que se pretende justificar el atraco minero.
16.  Criminalizar la protesta social, encarcelar, judicializar, perseguir y poner en situación de riesgo a defensoras y defensores de las zonas afectadas por los megaproyectos mineros.
17.   Dejar en la indefensión a las y los defensores de los Derechos Humanos y a las comunidades afectadas por los conflictos mineros.
18.  Falta de transparencia, engaño, manipulación, compra de conciencias en busca de conseguir la Licencia Social para las corporaciones mineras, en especial con Ecuador Estratégico.
19.  Dividir a las comunidades para facilitar la invasión minera imperialista.

Se acusa al Sistema Judicial:

20.  De no haber llevado adelante ningún proceso frente a las graves denuncias de los derechos violados para la imposición de los megaproyectos de minería, y casos de agresiones, amenazas y otros, presentados por defensoras y defensores de los Derechos Humanos.
21.  De haber desacatado el Mandato Minero.
22. De ser parte activa de la criminalización, persecución judicial y hostigamiento a las y los defensores dentro de los conflictos socio-ambientales por minería.
23. Dejar en la indefensión a las y los defensores de los Derechos Humanos y a las comunidades afectadas por los megaproyectos mineros.

Se acusa a la Defensoría del Pueblo:

24.  De ser un ente al servicio del gobierno actual, una dependencia que sólo cumple órdenes, que no sirve para defender los derechos de las y los afectados por los megaproyectos de minería, y mucho menos de las y los defensores de los Derechos Humanos.
25.  No haber nada para que se cumpla el Mandato Minero.
26. De ser en la práctica defensoría del gobierno, defensoría de la policía, defensoría de la minería.
27.  Dejar en la indefensión a las y los defensores de los Derechos Humanos y a las comunidades afectadas por los megaproyectos mineros.

Se acusa a los gobiernos locales:

28. De ser cómplices de la invasión minera imperialista, al no haber hecho nada efectivo para detener la intromisión extranjera en los territorios, especialmente en zonas de ecosistemas sensibles y vitales para la población del territorio parroquial, cantonal y provincial.

Se acusa también a los politiqueros y ongs:

29. De utilizar, aprovechar y debilitar la resistencia de las comunidades favoreciendo el avance de los megaproyectos de minería.
30. A los politiqueros oportunistas de usar la lucha de resistencia contra los megaproyectos para trepar en cargos, especialmente del Estado, vía elecciones.
31.   A ciertas ongs, de aprovechar de esta lucha para obtener enormes recursos para su beneficio económico.

4.     DERECHOS VIOLADOS

Entre otros los derechos estipulados en la Constitución ecuatoriana y que se han violado con la imposición de los megaproyectos de minería son:

Derecho al Agua
Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Derecho a la Salud
Derecho a la Libertad
Derecho a la Resistencia
Derecho a la Consulta Previa, libre e informada
Derecho a la Información
Derecho a la libertad de opinión y expresión
Derecho a la manifestación y participación, en especial de las mujeres
Derecho a la libre asociación
Derecho a la tranquilidad e integridad
Derecho al honor y buen nombre
Derecho al trabajo
Derechos de la Naturaleza


5.     RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL POPULAR

Una vez que los acusados han sido encontrados culpables, este TRIBUNAL resuelve:

-         Continuar fortaleciendo la resistencia de las comunidades y organizaciones en los territorios afectados por los megaproyectos de minería.
-         Llevar adelante acciones para recuperar los territorios invadidos por las mineras imperialistas y continuar la oposición a los megaproyectos de muerte.
-         Rechazar en forma permanente al imperialismo chino y otros que violan la Soberanía Nacional.
-         Repudiar al gobierno vendepatria de Correa como uno de los más entreguistas y serviles del imperialismo, y bregar para que responder por todas las violaciones de derechos que ha cometido.
-         Denunciar en organismos internacionales que el aparato jurídico de Ecuador está al servicio de las transnacionales y el gobierno, por lo que no hay posibilidad de justicia en este país.
-         Denunciar a la Defensoría del Pueblo porque no cumple sus obligaciones constitucionales, y ha dejado en la indefensión a las comunidades afectadas por los megaproyectos de minería, a las y los defensores de derechos y a la Madre Tierra.
-         Continuar exigiendo a las autoridades locales que cumplan sus obligaciones con sus poblaciones territoriales.
-         Repudiar a todos los politiqueros oportunistas y ongs que utilizan la lucha de las comunidades afectadas por la minería. 

jueves, 25 de agosto de 2016

TRIBUNAL POPULAR CONTRA LA INVASIÓN MINERA 

Continuando con las acciones contra la invasión imperialista minera y la violencia estatal en Azuay y Morona Santiago, el Bloque Proletario invita al TRIBUNAL POPULAR donde serán enjuiciados públicamente el gobierno, las corporaciones transnacionales y los oportunistas traficantes de la lucha social. Este viernes dos de septiembre en Cuenca a las 10h00.



lunes, 22 de agosto de 2016

CAMINATA DE DIGNIDAD POR LOS DERECHOS,
EL TERRITORIO Y LA SOBERANÍA

El domingo 21 de agosto de 2016 quedará en la memoria de mujeres y hombres dignos de Morona Santiago y el país, como un hecho histórico de la lucha antiminera y antimperiaslita.


Convocados por la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI, la Coordinadora Campesina Popular CCP, el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía y el Bloque Proletario-Ecuador, cientos de campesinos, estudiantes, jóvenes, hombres, mujeres y niños, caminaron desde el parque central de Limón hasta el de San Juan Bosco, en una acción de rechazo al proyecto minero Panzanza-San Carlos de la corporación china Tongling Nonferrous Metals Group, que ordenó el desalojo de la comunidad Shuar de Nankins, para regresar a tomar posesión de esos territorios.

A tempranas horas de la mañana los caminantes partieron del parque central de Limón, en una marcha llena de energía, coreando consignas acompañados de la fuerza de Retumba la Prole, grupo de murga del Bloque Proletario.


Durante el extenuante ascenso desde Limón hasta el punto llamado Plan de Milagro, los caminantes pudieron observar el insistente sobrevuelo de un helicóptero de la policía, mientras por tierra los seguía una ranchera (vehículo de transporte público), llena de uniformados.

A pesar de estos evidentes actos de intimidación la caminata no se detuvo, y al llegar al Plan de Milagro se hizo un llamado a la población de Morona Santiago, en especial de los cantones Limón Indanza y San Juan Bosco, afectados por este megaproyecto de cobre, a reforzar la resistencia contra la invasión imperialista china y al gobierno vendepatria de Correa, que ha puesto la fuerza pública como guardia particular de Tongling.




Avanzando en el trayecto, la caminata llegó a Indanza, en donde hubo una parada para compartir la pampamesa con comida y bebida campesina. Yuca, carne, quesillo, menestra, chicha de yuca y guarapo, saciaron el hambre y la sed de los caminantes.


Nuevamente se retomó la marcha, que a pesar de la lluvia llegó al caer la tarde a San Juan Bosco, en donde se respiraba el aire tenso de un pueblo militarizado, invadido, sometido por la bota imperialista china.



Ya al ingreso del pueblo estaba un grupo de policías apostados frente al Municipio del cantón (y tómese en cuenta que era domingo por la noche); el alumbrado público había sido cortado, por lo que las calles estaban en tinieblas, mucha gente sólo sacaba la cabeza por la ventana, evidenciando la grave situación de la militarización ordenada por el servil José Serrano.

Al ingresar por la calle principal, un poco más arriba del parque, los caminantes encontraron a la policía resguardando las oficinas de ExplorCobres, membrete con el que aparece en esta zona la transnacional china Tongling.


“La fuerza pública actuando como guardia particular de los invasores chinos. La fuerza pública que se mantiene con nuestros impuestos, con nuestros recursos, dando protección a una empresa privada y extrajera además. El “glorioso ejército” ecuatoriano, convertido en un ejército de ocupación de su propio país, “nuestros soldados y policías” haciendo de muchachos de mandado de esta transnacional. Esto es una vergüenza, una indignidad… Hasta cuándo nos siguen mintiendo con el cuento de minería responsable, mientras nos roban algo tan fundamental como la Soberanía… Vamos a denunciar y exigir la desmilitarización de San Juan Bosco…”, dijo Lina Solano Ortiz de la Coordinadora Campesina Popular CCP.

La dignidad de los caminantes, irrumpió en San Juan Bosco como un viento fresco de resistencia a la invasión minera imperialista, como un llamado de alerta y como grito de esperanza de que "no pasaran";. Son más de 10 años desde que el campesinado y pueblo Shuar de la zona se pusieron de pie, expulsaron a los invasores y declararon este territorio libre de minería. Por lo tanto la lucha va a continuar.



En el parque central terminó la marcha con el anuncio de las decisiones tomadas sobre nuevas acciones. El Bloque Proletario-Ecuador, la Coordinadora Campesina Popular CCP, Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, anunciaron que realizarán el 2 de septiembre en Cuenca un TRIBUNAL POPULAR para juzgar a las corporaciones mineras imperialistas que han invadido el territorio ecuatoriano.



La reacción positiva de las mujeres y hombres dignos de San Juan Bosco no se hizo esperar, se hicieron presentes con una bebida caliente para los caminantes. Expresaron que no es como el gobierno quiera hacer ver, hay gente que está en contra del proyecto minero pero tienen miedo por la presencia de la fuerza pública, y porque con ello los pro-mineros están envalentonados y amenazan sin cesar a todos. “Pero aquí también seguiremos firmes en la resistencia…” dijo con firmeza una moradora de esa localidad.


La Minga de la CCP.

viernes, 19 de agosto de 2016

ALTO A LA MAFIA MINERA


Matando la vida campesina.

La brutal penetración del mercantilismo capitalista esta destruyendo la vida campesina, y lo está haciendo velozmente y a gran escala. La inundación en los mercados locales de productos agropecuarios importados provenientes de agro negocios imperialistas, más el monopolio de corporaciones nacionales como Pronaca que controlan los mercados de la carne y del maíz están poniendo en la calle a miles de campesinos que quiebran al no poder competir con la voracidad de estos buitres económicos. Organismos parásitos del caduco Estado como Magap, agro calidad, municipios, prefecturas, avalan toda esta descomunal penetración opresora e imperialista.

                                    La mafia minera la mayor amenaza a la vida del campesinado

Pero eso no es todo, una mayor amenaza convulsiona las comunidades rurales de la Sierra y Amazonía. Enormes conglomerados de mega minería están listos para asesinar las economías locales y matar los ecosistemas que son fuente vital del campesinado y pueblos indígenas.

Como en todos partes del mundo donde operan los buitres mineros se necesita dos condiciones para su penetración: 

1) Estados parásitos neocoloniales y semicoloniales con sistemas jurídicos criminalizadores, con órganos de violencia profesional como militares, policías y agentes armados de civil, y medios de comunicación billetados al servicio de las empresas; 

2) Gobiernos lacayos que profundicen la dependencia imperialistas con el papel de facilitadores para el saqueo.

Como enseña la triste realidad de cientos de comunidades en toda América Latina y el mundo, en donde operan los enclaves transnacionales mineros, las eternas perdedoras de la explotación minera son las comunidades campesinas e indígenas locales. La minería capitalista-imperialista ha matado y está matando sus fuentes de vida. La minería transnacional está asesinando los ecosistemas, contamina el agua, el suelo, el aire, destruye las pequeñas economías familiares, genera violencia y criminalización.

La fantasía del “desarrollo” con la mafia minera

La mafia minera para engañar y manipular ha creado un discurso para que sus testaferros repitan como loros. Muy divulgados -a punta de billete a los medios- son clichés como: “la minería es un asunto técnico”, “se usará tecnología de punta”, “no se usará químicos”, “haremos minería responsable”. También los representantes de la mafia minera vociferan cosas como estas: “con la minería saldremos de la pobreza”, “la minería beneficiará a las comunidades locales”, “la minería genera empleo, “con la minería ya tenemos que comer”.

El punto es que todos estos slogans, repetidos por millones de veces por la mafia minera son pura fantasía, una verdadera bola de mentiras. Todos esos slogans chocan grotescamente con la realidad. En ninguna parte del mundo en donde operan estos enclaves mineros imperialistas el llamado desarrollo del que habla la mafia minera ha llegado para las comunidades locales y para los países dominados. Más bien ha sucedido lo contrario, comunidades locales desalojadas, agua y suelo contaminados, ecosistemas destrozados, pobladores enfermos, familias empobrecidas. Es decir, los países dominados que han optado por abrir las puertas a la industria capitalista minera se han convertidos en países más dependientes, en naciones encadenadas a ser simples proveedores de materias primas, el atraco ha sido tan brutal que los daños ambientales y sociales se han vuelto imposibles de subsanar. Los pasivos ambientales que tienen que soportar estas sociedades saqueadas se han vuelto irreparables.

Rechazamos el proyecto Pananza-San Carlos y a la militarización de la zona

La Coordinadora Campesina Popular CCP, la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI, el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía y el Bloque Proletario-Ecuador:

1. Rechazan enérgicamente, una vez más, la invasión minera de ExplorCobres-Ecuacorrientes (transnacional china Tongling), del sur de Morona Santiago.

2. Rechaza enérgicamente el desalojo que se dio el pasado viernes 11 de agosto a la comunidad Shuar de Nantkims.

3. Rechazan tajantemente la militarización y ocupación ordenada por el vendepatria y chupamedias José Serrano, al desplegar cientos de militares y policías para reprimir e intimidar al campesinado de Pananza, San Miguel de Conchay, y demás comunidades aledañas a la zona invadida por la corporación china Tongling.

4. Reafirman que la penetración a sangre y fuego de la minería a gran escala, son órdenes del imperialismo chino al gobierno lacayo de Correa. Es la imposición de los patrones chinos a un país que está entregado y endeudado hasta más no poder a este imperio capitalista. Las fuerzas armadas ecuatorianas -violando todo principio legal- están custodiando a la empresa privada minera china ExplorCobres-Ecuacorriente (Tongling) en la parroquia Pananza. El “valeroso” ejército está facilitando la invasión minera. Y justo en estas circunstancias, los imperialistas chinos han donado 10 mil fusiles de asalto AK47 al ejército ecuatoriano. ¿Para qué esas armas? ¿Acaso para disparar contra las comunidades o para intimidar al pueblo?

El camino de lucha que debe seguir el pueblo

En estos tiempos de enorme manipulación, de invasión minera y de ambiente electoral, es vital andar con los ojos bien abiertos. Primero: hay medios de comunicación que al son del billete desinforman o dicen medias verdades para favorecer al gobierno y a las empresas. Segundo: un enjambre de politiqueros que andan desesperados por los votos para reelegirse o para ser electos, usa el problema minero para hacerse los “héroes de la resistencia”, por ejemplo el politiquero Chumpi de Pachakutic-conaie-listas 18, que bajo las faldas del reaccionario Nebot dizque va a “luchar hasta la muerte” contra la minería. Este archi oportunista que antes sirvió a la lavaza de Correa desde el Ecorae -y ahora lava los pies Nebot-, jamás ha hecho nada por las comunidades afectadas por la minería, y ya lleva como 15 años de funcionario del Estado burgués; más bien cuando anduvo en el Ecorae hizo algunos talleres para favorecer a Ecuacorrientes el en cantón Pangui (el pueblo no lo ha olvidado). Hay que entender que la asquerosa politiquería es un método reaccionario que usan los oportunistas para llegar a los puestos gubernamentales y llenarse los bolsillos. Con la lucha antiminera algunos ya se hicieron alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales; se arrimaron a la resistencia para sacar su tajada. Lo mismo sucede con un manojo de ongs que hacen negocio de esta resistencia, y hacen hasta lo imposible para meterse en las poblaciones, su papel es dividir comunidades, desmovilizarlas, despolitizarlas y servir a ciertos grupos politiqueros.

El camino del pueblo es la organización y la lucha popular en las calles, plazas del campo y la ciudad, una lucha franca, lejos de la politiquería electorera y el Estado burgués. Movilizar para avanzar en la concientización y fortalecimiento de las organizaciones populares. La Coordinadora Campesina Popular CCP, la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía somos parte de un proceso de lucha popular de muchos años, y confluimos en el BLOQUE PROLETARIO único referente político para los campesinos y obreros de Ecuador, un frente de masas que nacen del corazón del pueblo para luchar resueltamente contra la burguesía y e imperialismo.

COORDINADORA CAMPESINA POPULAR    CCP      
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE 
LIMÓN INDANZA ACLI
FRENTE DE MUJERES GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA

BLOQUE PROLETARIO-Ecuador