jueves, 4 de julio de 2013
CCP
REFORMA A LA LEY DE
MINERÍA:
ADECUANDO EL MARCO LEGAL
PARA EL SAQUEO IMPERIALISTA
Todo
se pone a punto para el inicio de la explotación minera a gran escala en
Ecuador. Con las reformas exigidas por las corporaciones transnacionales
aprobadas el 13 de junio por la mayoría gobiernista, se envió una buena señal a
los inversionistas: “estamos para servirles”. No nos equivocamos quienes
afirmamos, desde que Rafael Correa ganó la primera elección presidencial en el
2006, que el gobierno dela “revolución ciudadana” seria la punta de lanza para
el inicio del saqueo de las corporaciones imperialistas mineras, y los hechos
lo están confirmando.
Las
reformas, enviadas con carácter de urgente, no son más que el colofón de la
adecuación del marco legal que las mineras han exigido para el desarrollo de
sus proyectos, a fin de garantizar sus inversiones y las enormes ganancias que
les están generando, y que todos los gobiernos, incluido el actual, han venido
cumpliendo como buenos lacayos.
Más
allá del ridículo discurso de Correa y su séquito a cerca del paraíso que nos
espera con el inicio de la era minera en Ecuador, es necesario entender la
imposición de esta industria extractiva como parte del saqueo mundial de los
minerales por las transnacionales imperialistas, que al igual que con el
petróleo, servirá únicamente para aumentar la riqueza de las corporaciones
mineras y de los grupos ligados al Estado y gobierno, o grupos monopólicos
locales que inviertan en este sector.
ECUADOR ES UNA SEMICOLONIA Y NO TIENE
SOBERANÍA SOBRE SUS RECURSOS NATURALES.
Ecuador
es un país semicolonial, es decir un país que no tiene independencia económica,
y una cada vez más reducida independencia política, por lo tantono tiene
soberanía sobre sus recursos naturales, es el capital transnacional, y los
gobiernos y Estados de los países de origen de las corporaciones imperialistas,
los que disponen de estos recursos de acuerdo a sus necesidades y
conveniencias. El Estado y gobiernos títeres de este país semicolonial no hacen
sino cumplir órdenes para así mantenersu vida parasitaria de lujo y derroche,
siendo parte del saqueo de su propia nación.
En
el caso de la minería, la decisión de que Ecuador se convierta en un país
minero se la tomó en las últimas décadas del siglo pasado, y los distintos
gobiernos “democráticos” que se han sucedido desde entonces no han hecho sino
cumplir fielmente losmandatosde las transnacionales y poner todo en orden para
que esta decisión se cumpla. En 1993, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, incluso
se endeudó al país con el Banco Mundial en 24 millones de dólares para llevar
adelante el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental PRODEMINCA,que permitió
ubicar yacimientos y establecer los mapas mineros de Ecuador, lo que aceleró lainvasión
de las corporaciones imperialistas, a espaldas del pueblo, incluso de las
comunidades asentadas en los territorios concesionados.
LA INVASIÓN IMPERIALISTA PARA EL SAQUEO
DE LOS MINERALES EXIGE UN ADECUADO MARCO JURÍDICO
Los
distintos gobiernos pro-imperialistas de Ecuador han venido actuando según las
exigencias de las transnacionales mineras, en dos formas:
1. Adecuando la legislación para favorecer
al capital minero, y,
2. Desconociendo la legislación existente
que pueda afectar la inversión imperialista.
En
el primer caso, esta adecuación se vino dando desde los gobiernos de Febres
Cordero (Decreto Ley No. 6: ley de minería. Agosto de 1985), y Borja (ley 126. Mayo
de 1991), dentro de las reformas generales que se hizo a la legislación en el
marco de la apertura neoliberal. A través de ellas se puso a disposición de las
transnacionales el territorio ecuatoriano, permitiendo que se adueñen de miles
de hectáreas. Pero sobre todo va a ser con la “Ley para la promoción de la
inversión y participación ciudadana”, conocida como Trole II promulgada en
agosto del 2000 en el gobierno de Gustavo Novoa, que se van a dar importantes
reformas a la ley de minería para el avance de los mega proyectos como la
vigencia de las concesiones para 30 años renovables, la eliminación las
regalías complementada con otros “incentivos” tributarios, además de que se
transfirió la autoridad ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental
del propio Ministerio de Energía y Minas, entre otras.´
Todos
estos gobiernos estaban alineados abiertamente, unos más otros menos, conel neoliberalismo,
y daban prioridad a la inversión y ganancia privadas, tratando de reducir al
mínimo la participación estatal. Es necesario subrayar aquí que esta “participación
estatal” dentro el sistema capitalista no tiene nada que ver con el Socialismo.
El capitalismo también puede tener una fuerte intervención estatal y hasta
puede ser un capitalismo de Estado como en la actual China por ejemplo, y eso
no le hace menos capitalista que otros países en donde el Estado está reducido
a sus mínimas funciones de administración y uso de la fuerza para reprimir a
las clases dominadas.
En
el caso de los países semicoloniales, como Ecuador, estos al no tener una
independencia económica siempre están sometidos a las exigencias de las
corporaciones transnacionales, las cuales pueden ser incluso estatales,
permitiéndoseles en algunos casos tener una numerosa burocracia y un rol más
activo, sobretodo en el control social, como sucede con el actual gobierno,
perosiempre supeditados a los designios imperialistas. Lo único que resulta de
esto es que los grupos que están dentro del Estado se fortalecen económicamente,
pudiendo incluso llegar a constituirse en nuevos grupos de poder enriquecidos
vía el sector público, ligados a grandes negocios como es el caso de la
minería, el petróleo, las hidroeléctricas y otros mega proyectos que lleva
adelante el imperialismo para el dominio geopolítico.
Es
por ello que la adecuación de la legislación a las exigencias y necesidades del
capital minero transnacional continuó con el gobierno de Alianza País,
comenzando por la propia Constitución aprobada en 2008, la cual establece en el
Art. 1: “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado
pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. El
decir que estos recursos pertenecen al Estado y no al pueblo, dejando sentado
que la potestad es del Estado, y para que no quede ninguna duda, en la parte
correspondiente a los sectores estratégicos establece que es “derecho”del
Estado administrar, regular, controlar y gestionar estos sectores (Art. 313). El
Estado al ser simplemente la clase dominante, o grupos serviles a ella,
organizados en el poder, se constituye en instrumento para el despojo “legal”
de los territorios, y al ser Ecuador una semicolonia, para ponerlos
directamente en manos de las transnacionales imperialistas.
Incluso
frente a demandas democráticas como la Consulta Previa que han venido
reclamando las comunidades afectadas por los mega proyectos de minería, la
Constitución establece que esta no será vinculante cuando se señala en el
Art.398 que “Si del referido proceso de consulta resulta una oposición
mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el
proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia
administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.” Es decir,
aunque se hiciera una consulta en las comunidades afectadas por la minería, la
opinión de esta no cuenta para nada, pues es la “instancia administrativa superior”
la que toma la decisión, cumpliendo así el Estado su rol de testaferro del
capital imperialista. La actual Constitución además es la clara muestra de lo
que es el gobierno verdeagua, pura palabrería anti-neoliberal con la que
consolida aún más el dominio del capital transnacional, de los grupos
monopólicos locales y de la élites que se enriquecen vía el Estado.
Por
otra parte, pese a la adecuación de la legislación a las exigencias del capital
imperialista minero, las corporaciones no se atienen a las mínimas regulaciones
y reglamentaciones sino a su objetivo de máxima ganancia, por lo que es casi
imposible que se les pueda hacer cumplir con las normas establecidas. Es por
ello que cuando es necesario simple y llanamente se desconoce la legislación
incluyendo a la propia “Carta Magna”.
Es
el caso ilustrativo del desacato al Mandato Minero, emitido por la Asamblea
Constituyente “de plenos poderes” en 2008, cuando los“plenos poderes” quedaron
cortos frente al poder real de las transnacionales de minería porque, a pesar
de que sus concesiones están incursas en varias de la causales y por tanto fueron
extinguidas por este Mandato, en la práctica no se tocó un centímetro de las
enormes extensiones de territorio en manos de las corporaciones mineras; y
cuando las comunidades han reclamado la respuesta ha sido la criminalización,
represión y persecución. Esta es la evidencia irrefutable del carácter servil,
pro imperialista y reaccionario del actual régimen que tiene confundido al
pueblo con su verborrea supuestamente anti-neoliberal y antiimperialista.
Desde
el 2008, diversas comunidades y organizaciones en resistencia a la minería, han
reclamado por la aplicación del Mandato Minero sin que exista poder alguno en
el país que pueda hacerlo cumplir, ya que sería casi una herejía tocar la
sacrosanta propiedad de las transnacionales. Todo lo contrario se les ha
permitido seguir adelante con los trámites para la obtención de permisos y
licencias para la fase de exploración avanzada y explotación. ¿Y los derechos constitucionales
que se supone son la base del “contrato social”? No son más que mera literatura
frente al poder real de las corporaciones mineras.
Todas
las concesiones que están en manos de las empresas son inconsultas, a pesar que
la Constitución actual y la de 1998 establecieron la obligatoriedad del Estado
de consultar antes de tomar cualquier decisión o dar autorizaciones que afecten
al ambiente, además están dentro de bosques protectores, incluso áreas
protegidas y sus zonas de amortiguamiento, por lo que fueron extinguidas en el
papel por el Mandato Minero, continuando plenamente vigentes en la realidad. A
las comunidades que se movilizaron en exigencia de la emisión de este Mandato
les costó sudor y lágrimas que se expidiera, de ninguna manera fue una dádiva
de la Asamblea, muchos menos un mérito del socialdemócrata Alberto Acosta,
quien ni siquiera tuvo la entereza de quedarse para hacer que se cumpla con la
extinción de las concesiones, permitiendo con ello que se concrete una nueva
burla para el pueblo ecuatoriano.
LA LEY DE MINERÍA DE LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA
CONSOLIDA LA INVASIÓN MINERA.
El
desacato al Mandato Minero se completó con la aprobación apresurada de la
actual ley de minería en enero de 2009, aprovechando del Congresillo como una
prioridad a fin de tratar de detener la protesta de las comunidades afectadas.
Para aprobar esta ley fue necesario reprimir violentamente las protestas,
encarcelar y perseguir judicialmente, a miembros de la Coordinadora Nacional
por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, y de otras organizaciones y
sectores.
Esta
ley mantuvo el cuerpo básico de la anterior, aunque el gobierno quiso
presentarla como una verdadera “revolución”, entre otras cosas porque
establecía que las regalías serían mínimo del 5%, un 70% a las ganancias
extraordinarias. Es decir, lo único que se buscó con esta ley es como sacar una
mayor tajada del saqueo minero para beneficio de los grupos ligados al Estado y
en especial al actual gobierno verdeagua.
En
lo fundamental la ley legitima la apropiación de los territorios por parte de
las corporaciones transnacionales que ahora se hará vía subasta del territorio
nacional, sin ningún tipo de restricción porque incluso se puede hacer minería en
cuerpos de agua o lugares aledaños a las captaciones de agua para el consumo
humano. Para ello deja a los propietarios del suelo sin ninguna protección, ya
que si no están dispuestos a vender, simplemente se declara la tierra de
utilidad pública y se establece una servidumbre, que es la figura a través de
la cual se legaliza el despojo de las comunidades campesinas e indígenas
asentadas en las áreas concesionadas.
Al
amparo de la impunidad al desacato del Mandato Minero y la vigencia de la
actual ley de minería, las transnacionales cerraron grandes negociaciones que
les significaron una jugosa ganancia sin que el Estado, y mucho menos el pueblo
ecuatoriano reciba un solo centavo partido por la mitad. La compañía Aurelian
vendió su proyecto Fruta del Norte a Kinross, en USD$ 960 millones de dólares,
y Corriente Resources vendió la mayoría de sus acciones al consorcio chino
Tongling No Ferrous Metals Grup en USD$ 679 millones, obteniendo millonarias
ganancias sin haber tenido siquiera que empezar la explotación de las minas.
LAS ÚLTIMAS REFORMAS: LA EFICIENCIA DE
UN ESTADO LACAYO
Fruta
del Norte es el proyecto de oro más grande de Ecuador, según las corporaciones
mineras y el gobierno que les hace coro. Para firmar el contrato con el Estado
la compañía Kinross exigió que se reforme la ley sobre todo en cuanto a las
ganancias extraordinarias, a los techos de las regalías y tributos.
El
gobierno se apresuró a cumplir con estas exigencias, sin embargo el resultado
no quedó a gusto de la empresa y está en represalia dice que “abandona” el
proyecto. Habrá que esperar para ver si realmente Kinross se va del país y en
qué condiciones, y qué sucede con el proyecto Fruta del Norte, porque la
empresa no va a botar millones de dólares durante tantos años y luego hacer sus
maletas e irse tan tranquila. Es más ya él sólo anuncio de su salida causa
conmoción en el mercado internacional. La presión viene por el lado de la
desconfianza que dicen se ha generado en los inversionistas extranjeros y la
posibilidad de que se alejen, sobre todo los de países occidentales. Incluso a
nivel local hay quienes reclaman por la salida de Kinross, en Yanzatza (Zamora
Chinchipe) todos aquellos que reciben alguna migaja de la minera están
lamentando la supuesta decisión de abandonar el proyecto.
En
todo caso aunque Kinross se vaya, si realmente ese es un proyecto de tanta
importancia como dicen y no se trata sólo de una burbuja especulativa, ya
vendrá otro consorcio imperialista para hacerse cargo, no sería nada raro que
sea chino, ya que son las transnacionales de ese país las que están acaparando
los proyectos no sólo en la minería sino en los demás “sectores estratégicos”,
y hay que tomar en cuenta que al momento es el mayor acreedor de Deuda Externa
de Ecuador.
Lo
cierto es que las reformas introducidas a la ley de minería vigente dan mayores
ventajas a las corporaciones, las cuales pagarán las supuestas ganancias
extraordinarias cuando hayan recuperado su inversión, pero ¿cuándo?, eso habrá
que verlo, porque estas empresas hasta se declaran en quiebra por no pagar
ningún impuesto, entonces ¿quién determinará cuándo ya han recuperado su inversión?
Y de llegar a pagarse, al igual que lo que se reciba por concepto de regalías,
servirá básicamente para enriquecer y fortalecer el poder de los grupos ligados
al Estado y gobierno.
Otro
punto a favor de las transnacionales que se les da con las reformas es la
reducción del proceso administrativo para la obtención de los permisos y
licencias. Hay varias cosas que se han dejado ambiguas con respecto a los
procedimientos de tal manera que hasta esos mínimos requisitos administrativos quedan
a “discreción” de la autoridad competente y siempre habrá “casos especiales”,
con lo que muy seguramente se pasará por alto todo lo que resulte un obstáculo
para agilitar los trámites a los concesionarios mineros.
Esta
adecuación al marco legal se la continuará haciendo según las exigencias de las
corporaciones mineras imperialistas, volviendo aún más limitada la capacidad
del país de tomar decisiones sobre sus recursos minerales y de exigir
cumplimiento a las empresas en cuanto a su supuesta “responsabilidad social y
ambiental”. Así las corporaciones mineras tendrán las garantías que necesitan
para saquear los minerales y hacer un jugoso negocio sin tener que responder
por los gravísimos impactos que provocan.
En
conclusión los recursos naturales de Ecuador están a disposición de los
imperialistas que son los que toman las decisiones sobre qué, cómo y cuándo
explotarlos. Los gobiernos fantoches, como el actual de Alianza País, no son
más que cumplidores de órdenes y por ello han venido adecuando la legislación
para favorecer el saqueo de los recursos, y enriquecerse con la obtención de un
porcentaje del negocio.
Habrá
que estar muy atentos a los tejes y manejes que se está haciendo con la
cantaleta de que “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”. El
negocio de los minerales está dejando enormes ganancias para las corporaciones
y los parásitos estatales, y por ello los vendepatria de la “revolución
ciudadana” van a hacer de todo para dar seguridad jurídica a la inversión
extrajera, lo que incluye continuar con la criminalización de la protesta
social, represión y persecución, ya que ha sido la lucha de las comunidades la
que ha permitido desenmascarar toda esta patraña y detener hasta el momento el
inicio de la explotación de los minerales.
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