miércoles, 1 de octubre de 2014

CORREA MANTIENE SU “REVOLUCIÓN” EN BASE A LA REPRESIÓN

Entre los elementos que han sido fundamentales en el sostenimiento del actual gobierno está la utilización efectiva del aparato represivo del Estado, con un despliegue de fuerza y nivel de violencia, acompañados permanentemente de una implacable persecución judicial. Ni gobiernos tan reaccionarios como el de Febres Cordero ostentan el récord de heridos, encarcelados, perseguidos, judicializados, como los que se suman en estos 7 años de revolución ciudadana.

Sirviéndose de la retórica de la “estabilidad” y la “defensa de la democracia”, luego de la caída de varios gobiernos (Bucaram, Mahuad, Gutiérrez), el gobierno verdeagua ha reforzado el aparato de represión. El Estado se encuentra fortalecido hoy más que nunca, armado y listo para contener cualquier manifestación de descontento popular, sea a través de la violencia física, como de la que se ejerce con el aparato jurídico. A ello además se suma el control paranoico que se imponen desde las distintas instancias de la burocracia, como por ejemplo el régimen carcelario impuesto en las instituciones educativas.

2007, 2008 Y 2009, brutal represión y persecución al campesinado
que se levantaba contra la mineras imperialistas
La represión se utiliza en primera instancia para infundir miedo, evitando con ello la reacción de las masas. Miedo de criticar, miedo de denunciar, miedo a pensar, peor decir las cosas, miedo de romper las reglas, y con más razón miedo de actuar. Y el miedo funciona, 7 años de gobierno verdeagua lo demuestran.

Pero como el movimiento social no se puede detener sólo a través del miedo, es necesaria la utilización directa de todo el aparato represivo estatal y particularmente del que es su cuerpo fundamental: las fuerzas armadas (ejército y policía), que son las encargadas de mantener “el orden”, mediante la violencia “legalizada”, “autorizada”, “legitimada” y “sacramentada” por las clases dominantes para someter al pueblo.

Por todo lo señalado y frente a los últimos acontecimientos suscitados con la marcha del 17 de septiembre, en especial el ensañamiento con jóvenes estudiantes, es necesario analizar cómo el terrorismo de Estado se constituye en uno de los pilares del gobierno de Alianza País, no sólo ahora cuando la popularidad de Correa baja y crece el descontento popular, sino entendiéndolo como consustancial a este régimen filofascista.

LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA” LLEGÓ CON EL SUMAK KAWSAY EN LA BOCA Y EL GARROTE EN LA MANO

En primera instancia hay que tener presente que la represión y judicialización de la protesta social ha sido una constante en el régimen de Alianza País. De ninguna manera es producto de la “derechización” del gobierno, como lo sostienen algunos sectores que apoyaron y/o fueron de la filas verdeagua, y que ahora se presentan como “oposición”, justificando su oportunismo en la supuesta “traición” de Correa.

El gobierno actual es un gobierno burgués, reaccionario, filofascista, una mezcla de la socialdemocracia con la rancia ultraderecha, que quiere asomar como distinta, reclamándose incluso de izquierda, y en esto le secundan algunos encallecidos reformistas con membretes de socialistas y comunistas.

Desde el inicio, el gobierno verdeagua con el pretexto de la “estabilidad”, la “democracia”, “el golpe”, reprimió y criminalizó la protesta social. Para ello es necesario recordar que en los primeros meses del 2007, cuando se dieron las más grandes movilizaciones y protestas contra la minería, en especial en el sur del país, y Alberto Acosta era Ministro de Minas y Petróleos, se reprimió brutalmente las medidas de hecho tomadas por las comunidades en exigencia de la nulidad de las concesiones y la salida de las empresas mineras. El saldo de heridos, detenidos, enjuiciados que dejó cada movilización fue enorme, como denunció desde el 2007 la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía:

“Las organizaciones agrupadas en CNDVS han vivido la brutal represión de este gobierno desde el 2007, han venido denunciando las decenas de juicios perversos, detenciones, heridos en manifestaciones, violaciones de Derechos Humanos, campañas de desprestigio de la lucha, etc.; no se podía esperar algo distinto de un gobierno auto llamado de “progresista” que entró a gerenciar el Estado burgués y semicolonial...

En el paro anti minero de junio del 2007 treinta y cinco personas fueron ilegalmente detenidas y otras 43 fueron heridas en Azuay y Morona Santiago, el 5 de enero del 2009 fueron reprimidos salvajemente tanto en Molleturo Azuay, Indanza y Gualaquiza en Morona Santiago, en esa fecha fue detenido ilegalmente, disparado con arma de fuego y torturado el dirigente campesino Vicente Zhunio...” [1]


Enero del 2009, Dirigente Vicente Zhunio (foto izquierda camiseta blanca)
fue brutalmente baleado y torturado en manos de la policía. Mientras
otros compañeros fueron encarcelados y enjuiciados.
Durante las protestas del 2007, decenas de personas fueron enjuiciadas penalmente por Obstaculización de la Vía Pública y en el 2009 comenzó la persecución con cargos por “terrorismo organizado” y “sabotaje”. Quizá estos hechos son poco conocidos porque no contaron con la cobertura mediática que han tenido casos posteriores.

Todo lo que se consiguió en esos años: el Mandato Minero, la suspensión de los proyectos, colocar el tema minero en el debate nacional, tuvo un alto costo, en especial para las organizaciones agrupadas en la CNDVS. El Mandato Minero, por ejemplo, emitido en abril de 2008, no fue una dádiva generosa de la Asamblea Constituyente, costó la cárcel, la represión, la judicialización de muchas personas, entre ellas de Francisca Zhagüi Chuchuca, Presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama:

“Hoy día miércoles tres de abril se dio la jornada de paro preventivo en las provincias de Azuay, Loja y Morona Santiago…
Aunque invisibilizado por los medios de comunicación las luchas fueron fuertes especialmente en el sector de Victoria del Portete donde hubieron 7 apresados...
Las personas apresadas son: Padre Francisco Jara, Francisca Zhagüi, presidenta del frente de mujeres de Victoria del Portete…”[2]

Incluso luego de que se dieron las Amnistías en el 2008, algunos procesos abiertos en el 2006 seguían siendo utilizados para tratar de intimidar a compañeros de la Coordinadora Campesina Popular CCP y otras personas en Morona Santiago.

“En diciembre de 2007 un abogado domiciliado en la ciudad de Loja identificado como Juan Rafael Cuenca Peralta hace una denuncia en la fiscalía de Gualaquiza sobre una supuesta invasión de edificios de la minera Ecuacorriente. La denuncia mañosamente tergiversa los hechos ocurrido en Rosa de Oro de noviembre del 2006… inventando una supuesta invasión y destrucción de dicho campamento, y en forma malévola tratando de acusar a nuestros compañeros y otras personas como responsables de dicha “invasión”.[3]

Hasta julio de 2010 todavía el Fiscal de Méndez continuaba insistiendo en llamar a juicio a los acusados en este caso.

Campesinas de Molleturo llevan una niña herida por la brutal represión, el
bombardeo de gases lacrimógenos se hizo disparando contra las casas.
Esa invasión fue ordenada por ex gobernador Oswaldo Larriva,
 hoy asambleísta alza manos de Correa.
La represión de policías y militares contra las comunidades que protestaban fue brutal, incluso con saña contra las mujeres. Así lo denunciaba el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama en febrero de 2010:

“Madres que con nuestro hijos en brazos o en nuestro vientre hemos sido golpeadas por la policía, arrastradas, pateadas, impactadas con bombas lacrimógenas directamente al cuerpo…

Abuelas, muchas de la tercera edad, que hemos sido insultadas de “viejas locas”, “indias hediondas”. Mujeres que hasta hemos sido despojadas de nuestras ropas, ofendidas en nuestra dignidad por policías y militares. Mujeres de todas las edades que hemos sido arbitraria, ilegal e ilegitamente detenidas por policías y que estamos siendo enjuiciadas, incluso con absurdas acusaciones como “terrorismo organizado”, por el solo hecho de haber tenido la valentía de denunciar la entrega descarada que gobiernos, incluido el actual, están haciendo de nuestro territorio nacional para que las corporaciones transnacionales saquen los minerales.”[4]

Desde el inicio, este gobierno se mostró como el más feroz defensor de la democracia burguesa y no escatimó esfuerzos en sofocar el levantamiento popular con las conocidas acusaciones de “desestabilizadores”, “aliados de la derecha”, y la cantaleta de la “defensa del gobierno progresista”, “del proceso revolucionario”, secundado en aquel tiempo por los que ahora fungen de “opositores”.
Policías armados de bombas y palos agreden salvajemente a mujeres
campesinas que protestaban en el Descanso-Azuay contra la minería.
REFORZAMIENTO DE LA FUERZA ARMADA Y DEL APARTO JURÍDICO PARA LA REPRESIÓN

Como no podía ser de otra manera, para poder reprimir la protesta social, el gobierno filofascista de Alianza País, ha reforzado el Estado. Para ello ha tenido que mantener y aumentar las asignaciones presupuestarias a la policía y el ejército, sobre todo a partir de la revuelta policial de septiembre de 2010. Contar con el apoyo de las fuerzas armadas es vital para sostener un gobierno, para ello hay que mantener contentos a los uniformados, y que mejor manera que con las alzas salariales.  

Gorilas con pasamontañas y radios perseguían al campesinado.
Más de un centenar de detenidos, encarcelados y enjuiciados  fue
el saldo de las luchas contra los megaproyectos mineros.
En el 2011 la prensa informaba:

“Como ejemplo, si hasta diciembre del 2010 un cabo segundo, con cinco años de servicio, en ese rango ganaba 970 dólares, en la actualidad este mismo funcionario percibirá un mensual de 1.045 dólares. En el nuevo presupuesto de la Policía, que asciende a 800 millones 142 mil 972 dólares…” [5]

Es importante recordar que cuando la policía sale a dar palo a los manifestantes para defender al gobierno y a los explotadores que manejan los hilos tras bastidores, primero, no lo están haciendo gratis, ni “por amor a la patria”, están percibiendo buenos sueldos por los servicios que prestan la capital, y segundo, están pagados con el dinero de la explotación de nuestros recursos naturales y de nuestros propios bolsillos a través de los impuestos, es decir, que el mantenimiento del aparato represivo que se usa contra nosotros, lo pagamos nosotros mismo.

Nuevamente en el 2013 hay un alza del 30% en los salarios de policías y militares:

“Este incremento beneficiará a 39.316 efectivos de las Fuerzas Armadas y 41.015 de la Policía Nacional...
De esta manera, un general de la Policía que gana actualmente $ 5.060 y tiene dos años en su cargo, tendrá un salario de $ 6.151, puesto que su compensación anual es de $ 13.100.
Un sargento segundo de la Policía, que gana $ 1.300 y tiene un año en su cargo, ahora percibirá $ 1.563, pues anualmente recibirá $ 3.156.” [6]
Estas alzas salariales han sido la respuesta del gobierno a la revuelta policial por la eliminación de beneficios y bonos del 30 de septiembre de 2010, y rumores de “conspiración” en las fuerzas militares en 2012.

“El  presupuesto aprobado por las Fuerzas Armadas para el 2012 es de $ 1.600 millones. Según información de la Asamblea, de este rubro $ 1.069 millones son para el pago de remuneraciones de los uniformados.” [7]

La esencia del estado son las fuerzas armadas, su objetivo
garantizar los negocios de la burguesía. Es un ejército parásito y de violencia
contra los sectores populares.
Para el 2014 el presupuesto del Ministerio de Defensa es de $ 1.701 millones que sumado al del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, llega a $ 3.122 millones.[8] Y cómo cada año el déficit presupuestario es mayor, nos siguen endeudando, pidiendo a los bancos chinos, al Fondo Monetario Internacional, hipotecándonos por generaciones, porque como se señaló anteriormente, el mantenimiento de las fuerzas armadas no le cuesta al gobierno, ni a las clases dominantes del país, o las corporaciones transnacionales a las que sirven, sino a nosotros mismo. Somos nosotros los que cargamos a todas esas sanguijuelas en nuestras espaldas, en especial al Ejército, ese enorme chupasangre que devora la mayor parte del presupuesto del Estado; los silenciosos beneficiarios de la era petrolera y que ya se preparan para recibir su tajada del saqueo minero.

Este fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales ha ido a la par con la implementación de la tecnología para el control social en pretexto de la delincuencia. La colocación de cámaras para monitorear los espacios públicos calles, plazas, edificios, coarta la libertad de circulación, de expresión, de reunión, entre otras, y facilita la identificación y seguimiento de personas.

A la par de la represión mediante la violencia física, se ha utilizado todo el peso del aparato jurídico para perseguir a quienes el régimen ha tildado de “enemigos de la revolución”, convirtiéndolos en chivos expiatorios para aleccionar sobre lo que puede pasar a quienes se atrevan a protestar.

Siendo las leyes la voluntad de las clases dominantes, establecidas para resguardar su riqueza y poder, es lógico que se sirvan de ellas para reprimir todo intento de cuestionar este irracional e inhumano sistema. Es así, como nunca antes en el país, decenas de personas han sido enjuiciadas por “terrorismo” por ejercer el derecho a la resistencia, que está reconocido por cierto en la Constitución que los propios verdeagua fraguaron en Monte Cristi.

Sin embargo, al gobierno le ha quedado corto el cuerpo jurídico heredado, y ha ido reformándolo para ajustarlo a sus necesidades de represión y control social, el nuevo Código Orgánico Integral Penal es la muestra palpable.

Y para garantizar que se “haga justicia”, al igual que en el caso de fuerzas armadas, nos cuesta millones de dólares cada año mantener todo ese enjambre de más de 4.000 empleados de la función Judicial, con sueldos que van desde los $ 900,00 para los de más bajo rango como cargos de auxiliares de servicios, hasta $ 4.995,00 para los que están en la cúspide de la pirámide: el Presidente del Consejo de la Judicatura y Juez Presidente de la Corte Nacional. Y los fiscales ganan similares sueldos de lujo. Así, la “justicia” está garantizada, pero para los grupos de poder nacionales e internacionales que dominan en este país.

TERRORISMO DE ESTADO PARA DEFENDER EL REINADO DEL CAPITAL

Con toda la institucionalidad estatal reforzada, con toda la maraña de funcionarios y fuerzas armadas bien pagadas, el gobierno ha venido cumpliendo su papel de defender y “estabilizar” el país para regocijo de los monopolios nacionales y transnacionales que cuentan con las garantías para sus inversiones y ganancias.

Hace unos días, salvaje represión contra estudiantes
de parte del gobierno filo fascista.
El Estado burgués no es “de todos”, ni “somos todos” como equivocadamente nos hacen creer. El Estado fue creado para sostener en el poder a las clases dominantes sometiendo a través del uso de la violencia institucionalizada a las clases populares. Y ese aparato que sirve y protege a los ricos, jamás podrá servir al pueblo. Esto es algo fundamental de entender en política para no equivocar nuestro camino, para no dejarnos manipular por aquellos que lo único que buscan es un espacio en este aparato de opresión.

Cada gobierno que se sucede en la administración estatal viene a poner en funcionamiento este aparato para garantizar que las clases explotadoras sigan enriqueciéndose. Unos son más eficientes en ello que otros. El gobierno de Correa por ejemplo ha sido super eficiente y por eso ha contado con la venia de los explotadores por 7 años, durante los que ha aplicado el terrorismo estatal justificándolo en la supuesta “restauración conservadora”.

Es necesario comprender esto porque es la naturaleza de las fuerzas represivas y por ello policías y militares arremeten con tal agresividad contra quienes se atreven a manifestarse, ese es el papel de las fuerzas armadas al servicio del capital, para eso existen.

Gorilas lanzan piedras y bombas a estudiantes. Con plata del pueblo
la burguesía mantiene este ejército entrenado para reprimir.
¿Qué hacer contra eso? Continuar la lucha, continuar elevando el nivel de la conciencia y organización popular. Mirar más allá de lo coyuntural, es decir, enlazar las luchas reivindicativas a ese proyecto a largo plazo que lleve a derrocar al capitalismo. Y sobre todo no dejarse engañar con los cantos de sirena de los electoreros que utilizan el descontento popular para promocionar candidaturas, que ahora dicen ser oposición al gobierno en perspectiva de pescar algunos puestitos bien remunerados que les permita seguir en su vida holgazana engordando con las migas del Estado burgués.

Hoy es Correa con su banda verdeagua los que se llenen los bolsillos administrando el Estado, mañana vendrán otros, y mientras el pueblo no reconozca su verdadero camino seguirán desfilando gobiernos por Carondelet manteniendo el poder en las manos de los de siempre, de los millonarios del país como el Grupo Pichincha o Eljuri, que han acumulado mucha más riqueza durante este gobierno “progresista”, o de corporaciones como La Favorita de los Supermaxi, Magamaxi, Aki, Gran Aki, Juguetón, Super Aki, una de las que más ha ganado en estos 7 años de revolución ciudadana, o de Pronaca, este monopolio de comida chatarra que se encuentra en los primeros lugares de los rankings de las mayores empresas beneficiadas por la estabilidad que el gobierno de Correa les ha proporcionado mediante el uso del terrorismo de Estado.

NOTAS:


[1] Coordinadora Campesina Popular  CCP. “Criminalización y perversa persecución judicial”. 2010. http://mingaccp.blogspot.com/2010/07/criminalizacion-y-perversa-persecucion.html#links.

[2] Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS, “Urgente represión en Azuay por mineras”. 2008. http://nomineria.blogspot.com/2008/04/urgente-represin-en-azuay-por-mineras.html.
[3] Ibíd.
[4] Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, “Mujeres en resistencia por el Agua, la Vida y la Soberanía”. 2010. http://defensoraspachamama.blogspot.com/2010/02/mujeres-en-resistencia-por-el-agua-la.html.
[5] Diario El Mercurio. “Suben sueldos a policías y militares”. 2011. http://www.elmercurio.com.ec/281909-suben-sueldos-a-policias-y-militares/#.VCgP7Wd5NvI.
[6] Diario El Telégrafo. “Los policías y militares ganan más desde este mes con homologación”. 2013. http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/los-militares-y-policias-ganan-mas-desde-este-mes-con-homologacion.html.
[7] Diario El Universo. “Nueva escala salarial y de compensación para las Fuerzas Armadas consta en el proyecto”. 2012. http://www.eluniverso.com/2012/02/13/1/1355/nueva-escala-salarial-compensaciones-fuerzas-armadas-constan-proyecto.html.
[8] Santos Tristana, “Los duros del presupuesto”. Revista Vistazo online. Mayo 2014. http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=6684.  

COORDINADORA CAMPESINA POPULAR CCP