jueves, 4 de julio de 2013

FORO EN QUITO


CCP


REFORMA A LA LEY DE MINERÍA:
ADECUANDO EL MARCO LEGAL PARA EL SAQUEO IMPERIALISTA

Todo se pone a punto para el inicio de la explotación minera a gran escala en Ecuador. Con las reformas exigidas por las corporaciones transnacionales aprobadas el 13 de junio por la mayoría gobiernista, se envió una buena señal a los inversionistas: “estamos para servirles”. No nos equivocamos quienes afirmamos, desde que Rafael Correa ganó la primera elección presidencial en el 2006, que el gobierno dela “revolución ciudadana” seria la punta de lanza para el inicio del saqueo de las corporaciones imperialistas mineras, y los hechos lo están confirmando.
Las reformas, enviadas con carácter de urgente, no son más que el colofón de la adecuación del marco legal que las mineras han exigido para el desarrollo de sus proyectos, a fin de garantizar sus inversiones y las enormes ganancias que les están generando, y que todos los gobiernos, incluido el actual, han venido cumpliendo como buenos lacayos.

Más allá del ridículo discurso de Correa y su séquito a cerca del paraíso que nos espera con el inicio de la era minera en Ecuador, es necesario entender la imposición de esta industria extractiva como parte del saqueo mundial de los minerales por las transnacionales imperialistas, que al igual que con el petróleo, servirá únicamente para aumentar la riqueza de las corporaciones mineras y de los grupos ligados al Estado y gobierno, o grupos monopólicos locales que inviertan en este sector.
ECUADOR ES UNA SEMICOLONIA Y NO TIENE SOBERANÍA SOBRE SUS RECURSOS NATURALES.

Ecuador es un país semicolonial, es decir un país que no tiene independencia económica, y una cada vez más reducida independencia política, por lo tantono tiene soberanía sobre sus recursos naturales, es el capital transnacional, y los gobiernos y Estados de los países de origen de las corporaciones imperialistas, los que disponen de estos recursos de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. El Estado y gobiernos títeres de este país semicolonial no hacen sino cumplir órdenes para así mantenersu vida parasitaria de lujo y derroche, siendo parte del saqueo de su propia nación.
En el caso de la minería, la decisión de que Ecuador se convierta en un país minero se la tomó en las últimas décadas del siglo pasado, y los distintos gobiernos “democráticos” que se han sucedido desde entonces no han hecho sino cumplir fielmente losmandatosde las transnacionales y poner todo en orden para que esta decisión se cumpla. En 1993, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, incluso se endeudó al país con el Banco Mundial en 24 millones de dólares para llevar adelante el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental PRODEMINCA,que permitió ubicar yacimientos y establecer los mapas mineros de Ecuador, lo que aceleró lainvasión de las corporaciones imperialistas, a espaldas del pueblo, incluso de las comunidades asentadas en los territorios concesionados.

LA INVASIÓN IMPERIALISTA PARA EL SAQUEO DE LOS MINERALES EXIGE UN ADECUADO MARCO JURÍDICO
Los distintos gobiernos pro-imperialistas de Ecuador han venido actuando según las exigencias de las transnacionales mineras, en dos formas:

1.       Adecuando la legislación para favorecer al capital minero, y,
2.      Desconociendo la legislación existente que pueda afectar la inversión imperialista.

En el primer caso, esta adecuación se vino dando desde los gobiernos de Febres Cordero (Decreto Ley No. 6: ley de minería. Agosto de 1985), y Borja (ley 126. Mayo de 1991), dentro de las reformas generales que se hizo a la legislación en el marco de la apertura neoliberal. A través de ellas se puso a disposición de las transnacionales el territorio ecuatoriano, permitiendo que se adueñen de miles de hectáreas. Pero sobre todo va a ser con la “Ley para la promoción de la inversión y participación ciudadana”, conocida como Trole II promulgada en agosto del 2000 en el gobierno de Gustavo Novoa, que se van a dar importantes reformas a la ley de minería para el avance de los mega proyectos como la vigencia de las concesiones para 30 años renovables, la eliminación las regalías complementada con otros “incentivos” tributarios, además de que se transfirió la autoridad ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del propio Ministerio de Energía y Minas, entre otras.´

Todos estos gobiernos estaban alineados abiertamente, unos más otros menos, conel neoliberalismo, y daban prioridad a la inversión y ganancia privadas, tratando de reducir al mínimo la participación estatal. Es necesario subrayar aquí que esta “participación estatal” dentro el sistema capitalista no tiene nada que ver con el Socialismo. El capitalismo también puede tener una fuerte intervención estatal y hasta puede ser un capitalismo de Estado como en la actual China por ejemplo, y eso no le hace menos capitalista que otros países en donde el Estado está reducido a sus mínimas funciones de administración y uso de la fuerza para reprimir a las clases dominadas.
En el caso de los países semicoloniales, como Ecuador, estos al no tener una independencia económica siempre están sometidos a las exigencias de las corporaciones transnacionales, las cuales pueden ser incluso estatales, permitiéndoseles en algunos casos tener una numerosa burocracia y un rol más activo, sobretodo en el control social, como sucede con el actual gobierno, perosiempre supeditados a los designios imperialistas. Lo único que resulta de esto es que los grupos que están dentro del Estado se fortalecen económicamente, pudiendo incluso llegar a constituirse en nuevos grupos de poder enriquecidos vía el sector público, ligados a grandes negocios como es el caso de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas y otros mega proyectos que lleva adelante el imperialismo para el dominio geopolítico.

Es por ello que la adecuación de la legislación a las exigencias y necesidades del capital minero transnacional continuó con el gobierno de Alianza País, comenzando por la propia Constitución aprobada en 2008, la cual establece en el Art. 1: “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. El decir que estos recursos pertenecen al Estado y no al pueblo, dejando sentado que la potestad es del Estado, y para que no quede ninguna duda, en la parte correspondiente a los sectores estratégicos establece que es “derecho”del Estado administrar, regular, controlar y gestionar estos sectores (Art. 313). El Estado al ser simplemente la clase dominante, o grupos serviles a ella, organizados en el poder, se constituye en instrumento para el despojo “legal” de los territorios, y al ser Ecuador una semicolonia, para ponerlos directamente en manos de las transnacionales imperialistas. 
Incluso frente a demandas democráticas como la Consulta Previa que han venido reclamando las comunidades afectadas por los mega proyectos de minería, la Constitución establece que esta no será vinculante cuando se señala en el Art.398 que “Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.” Es decir, aunque se hiciera una consulta en las comunidades afectadas por la minería, la opinión de esta no cuenta para nada, pues es la “instancia administrativa superior” la que toma la decisión, cumpliendo así el Estado su rol de testaferro del capital imperialista. La actual Constitución además es la clara muestra de lo que es el gobierno verdeagua, pura palabrería anti-neoliberal con la que consolida aún más el dominio del capital transnacional, de los grupos monopólicos locales y de la élites que se enriquecen vía el Estado.

Por otra parte, pese a la adecuación de la legislación a las exigencias del capital imperialista minero, las corporaciones no se atienen a las mínimas regulaciones y reglamentaciones sino a su objetivo de máxima ganancia, por lo que es casi imposible que se les pueda hacer cumplir con las normas establecidas. Es por ello que cuando es necesario simple y llanamente se desconoce la legislación incluyendo a la propia “Carta Magna”.

Es el caso ilustrativo del desacato al Mandato Minero, emitido por la Asamblea Constituyente “de plenos poderes” en 2008, cuando los“plenos poderes” quedaron cortos frente al poder real de las transnacionales de minería porque, a pesar de que sus concesiones están incursas en varias de la causales y por tanto fueron extinguidas por este Mandato, en la práctica no se tocó un centímetro de las enormes extensiones de territorio en manos de las corporaciones mineras; y cuando las comunidades han reclamado la respuesta ha sido la criminalización, represión y persecución. Esta es la evidencia irrefutable del carácter servil, pro imperialista y reaccionario del actual régimen que tiene confundido al pueblo con su verborrea supuestamente anti-neoliberal y antiimperialista.
Desde el 2008, diversas comunidades y organizaciones en resistencia a la minería, han reclamado por la aplicación del Mandato Minero sin que exista poder alguno en el país que pueda hacerlo cumplir, ya que sería casi una herejía tocar la sacrosanta propiedad de las transnacionales. Todo lo contrario se les ha permitido seguir adelante con los trámites para la obtención de permisos y licencias para la fase de exploración avanzada y explotación. ¿Y los derechos constitucionales que se supone son la base del “contrato social”? No son más que mera literatura frente al poder real de las corporaciones mineras.

Todas las concesiones que están en manos de las empresas son inconsultas, a pesar que la Constitución actual y la de 1998 establecieron la obligatoriedad del Estado de consultar antes de tomar cualquier decisión o dar autorizaciones que afecten al ambiente, además están dentro de bosques protectores, incluso áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, por lo que fueron extinguidas en el papel por el Mandato Minero, continuando plenamente vigentes en la realidad. A las comunidades que se movilizaron en exigencia de la emisión de este Mandato les costó sudor y lágrimas que se expidiera, de ninguna manera fue una dádiva de la Asamblea, muchos menos un mérito del socialdemócrata Alberto Acosta, quien ni siquiera tuvo la entereza de quedarse para hacer que se cumpla con la extinción de las concesiones, permitiendo con ello que se concrete una nueva burla para el pueblo ecuatoriano.
LA LEY DE MINERÍA DE LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA CONSOLIDA LA INVASIÓN MINERA.

El desacato al Mandato Minero se completó con la aprobación apresurada de la actual ley de minería en enero de 2009, aprovechando del Congresillo como una prioridad a fin de tratar de detener la protesta de las comunidades afectadas. Para aprobar esta ley fue necesario reprimir violentamente las protestas, encarcelar y perseguir judicialmente, a miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, y de otras organizaciones y sectores.

Esta ley mantuvo el cuerpo básico de la anterior, aunque el gobierno quiso presentarla como una verdadera “revolución”, entre otras cosas porque establecía que las regalías serían mínimo del 5%, un 70% a las ganancias extraordinarias. Es decir, lo único que se buscó con esta ley es como sacar una mayor tajada del saqueo minero para beneficio de los grupos ligados al Estado y en especial al actual gobierno verdeagua. 
En lo fundamental la ley legitima la apropiación de los territorios por parte de las corporaciones transnacionales que ahora se hará vía subasta del territorio nacional, sin ningún tipo de restricción porque incluso se puede hacer minería en cuerpos de agua o lugares aledaños a las captaciones de agua para el consumo humano. Para ello deja a los propietarios del suelo sin ninguna protección, ya que si no están dispuestos a vender, simplemente se declara la tierra de utilidad pública y se establece una servidumbre, que es la figura a través de la cual se legaliza el despojo de las comunidades campesinas e indígenas asentadas en las áreas concesionadas.

Al amparo de la impunidad al desacato del Mandato Minero y la vigencia de la actual ley de minería, las transnacionales cerraron grandes negociaciones que les significaron una jugosa ganancia sin que el Estado, y mucho menos el pueblo ecuatoriano reciba un solo centavo partido por la mitad. La compañía Aurelian vendió su proyecto Fruta del Norte a Kinross, en USD$ 960 millones de dólares, y Corriente Resources vendió la mayoría de sus acciones al consorcio chino Tongling No Ferrous Metals Grup en USD$ 679 millones, obteniendo millonarias ganancias sin haber tenido siquiera que empezar la explotación de las minas.
LAS ÚLTIMAS REFORMAS: LA EFICIENCIA DE UN ESTADO LACAYO

Fruta del Norte es el proyecto de oro más grande de Ecuador, según las corporaciones mineras y el gobierno que les hace coro. Para firmar el contrato con el Estado la compañía Kinross exigió que se reforme la ley sobre todo en cuanto a las ganancias extraordinarias, a los techos de las regalías y tributos.

El gobierno se apresuró a cumplir con estas exigencias, sin embargo el resultado no quedó a gusto de la empresa y está en represalia dice que “abandona” el proyecto. Habrá que esperar para ver si realmente Kinross se va del país y en qué condiciones, y qué sucede con el proyecto Fruta del Norte, porque la empresa no va a botar millones de dólares durante tantos años y luego hacer sus maletas e irse tan tranquila. Es más ya él sólo anuncio de su salida causa conmoción en el mercado internacional. La presión viene por el lado de la desconfianza que dicen se ha generado en los inversionistas extranjeros y la posibilidad de que se alejen, sobre todo los de países occidentales. Incluso a nivel local hay quienes reclaman por la salida de Kinross, en Yanzatza (Zamora Chinchipe) todos aquellos que reciben alguna migaja de la minera están lamentando la supuesta decisión de abandonar el proyecto.
En todo caso aunque Kinross se vaya, si realmente ese es un proyecto de tanta importancia como dicen y no se trata sólo de una burbuja especulativa, ya vendrá otro consorcio imperialista para hacerse cargo, no sería nada raro que sea chino, ya que son las transnacionales de ese país las que están acaparando los proyectos no sólo en la minería sino en los demás “sectores estratégicos”, y hay que tomar en cuenta que al momento es el mayor acreedor de Deuda Externa de Ecuador.

Lo cierto es que las reformas introducidas a la ley de minería vigente dan mayores ventajas a las corporaciones, las cuales pagarán las supuestas ganancias extraordinarias cuando hayan recuperado su inversión, pero ¿cuándo?, eso habrá que verlo, porque estas empresas hasta se declaran en quiebra por no pagar ningún impuesto, entonces ¿quién determinará cuándo ya han recuperado su inversión? Y de llegar a pagarse, al igual que lo que se reciba por concepto de regalías, servirá básicamente para enriquecer y fortalecer el poder de los grupos ligados al Estado y gobierno.
Otro punto a favor de las transnacionales que se les da con las reformas es la reducción del proceso administrativo para la obtención de los permisos y licencias. Hay varias cosas que se han dejado ambiguas con respecto a los procedimientos de tal manera que hasta esos mínimos requisitos administrativos quedan a “discreción” de la autoridad competente y siempre habrá “casos especiales”, con lo que muy seguramente se pasará por alto todo lo que resulte un obstáculo para agilitar los trámites a los concesionarios mineros.

Esta adecuación al marco legal se la continuará haciendo según las exigencias de las corporaciones mineras imperialistas, volviendo aún más limitada la capacidad del país de tomar decisiones sobre sus recursos minerales y de exigir cumplimiento a las empresas en cuanto a su supuesta “responsabilidad social y ambiental”. Así las corporaciones mineras tendrán las garantías que necesitan para saquear los minerales y hacer un jugoso negocio sin tener que responder por los gravísimos impactos que provocan.
En conclusión los recursos naturales de Ecuador están a disposición de los imperialistas que son los que toman las decisiones sobre qué, cómo y cuándo explotarlos. Los gobiernos fantoches, como el actual de Alianza País, no son más que cumplidores de órdenes y por ello han venido adecuando la legislación para favorecer el saqueo de los recursos, y enriquecerse con la obtención de un porcentaje del negocio.

Habrá que estar muy atentos a los tejes y manejes que se está haciendo con la cantaleta de que “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”. El negocio de los minerales está dejando enormes ganancias para las corporaciones y los parásitos estatales, y por ello los vendepatria de la “revolución ciudadana” van a hacer de todo para dar seguridad jurídica a la inversión extrajera, lo que incluye continuar con la criminalización de la protesta social, represión y persecución, ya que ha sido la lucha de las comunidades la que ha permitido desenmascarar toda esta patraña y detener hasta el momento el inicio de la explotación de los minerales.