TRIBUNAL POPULAR condenó la invasión
minera imperialista
Viernes 2 de septiembre de 2016, 09:45, parque
Calderón-Cuenca, comienzan a llegar las delegaciones de las zonas afectadas por
los proyectos mineros Río Blanco, Quimsacocha, Pananza-San Carlos. Igualmente arriban
representantes de las organizaciones convocantes del Tribunal Popular: Bloque
Proletario-Ecuador, Vientos del Pueblo, Coordinadora Campesina Popular CCP,
Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y Frente de Mujeres Defensoras
de la Pachamama.
10:00 la Comisión de Comunicación del Tribunal,
conformada por un representante de cada organización convocante, dialoga con la
prensa.
10:20 se instaura del Tribunal Popular. Vianca
Gavilánez en representación del Bloque Proletario BP-Ecuador, y Lina Solano de
la Coordinadora Campesina Popular CCP, dan lectura al documento que recoge un
resumen de los principales acontecimientos de la lucha de resistencia contra la
minería en la última década y las violaciones de derechos cometidas por las
transnacionales, Estado y gobiernos de Ecuador, en especial el de Rafael
Correa. Igualmente se menciona la actuación de la función judicial, la
Defensoría del Pueblo, las autoridades locales (provinciales, municipales y
parroquiales); a los oportunistas que han aprovechado de esta lucha como
trampolín electoral y a las ongs. (Ver
documento al final de la nota).
Se llamó entonces a quienes rindieron sus
testimonios ante el Tribunal Popular, afectados directos de la violencia
generada por los megaproyectos mineros Río Blanco y Quimsacocha, en Azuay, y
Pananza-San Carlos en Morona Santiago.
Santiago Peláez de la Coordinadora Campesina
Popular CCP, denunció ante el Tribunal la militarización de la zona del
proyecto Pananza-San Carlos, donde el 11 de agosto se dio el desalojo de la
comunidad de Nantkims, y desde entonces, bajo el resguardo de policías y
militares, se avanza rápidamente en la construcción de un nuevo campamento de
la transnacional china Tongling, que en este sector se presenta con el membrete
de Explorcobres.
También Rosario López del Frente de Mujeres
Guardianas de la Amazonía presentó su testimonio, de cómo en las comunidades de
San Miguel de Conchay, se ha perdido la calma con esta militarización, ya que
se está impidiendo a los campesinos utilizar los caminos que ellos tienen para
trasladarse hacia sus fincas, y como, en pretexto de la unidad educativa del
milenio creada en San Juan Bosco por Ecuador Estratégico, se les ha quitado las
escuelas comunitarias y hasta un colegio a distancia que servía a los jóvenes
campesinos de ese sector para obtener un bachillerato. “Ahora nos ha quitado
las escuelitas de las comunidades que bien servían para educar a nuestros
hijos, y nos quieren obligar a que les mandemos a la escuela del milenio. Igual
quitaron el colegio a distancia y ahora muchos jóvenes ya no podrán estudiar
por lo menos para terminar la secundaria”.
Por su parte, Fernando Mejía dirigente de la
Coordinadora Campesina Popular CCP, recalcó el hecho de que la función judicial
del país ha estado siempre al servicio de las transnacionales y el gobierno, de
allí que nunca ningún fiscal o juez ha emprendido una acción legal por los
derechos que se ha violado desde la misma entrega de las concesiones mineras.
Recordó que: “Ni siquiera al haberse desacatado el Mandato Minero por el que
tuvimos que luchar en las calles, ninguna institución, incluida la Defensoría
del Pueblo, hizo nada para que se cumpla con la extinción de las concesiones
inconsultas de los megaproyectos mineros.”
Posterior a los testimonios se hicieron las
acusaciones formales, determinando el Tribunal la culpabilidad de todos los
acusados. (Ver documento al final de la
nota).
Luego del proceso de juzgamiento el TRIBUNAL
POPULAR tomó las siguientes resoluciones:
-
Continuar
fortaleciendo la resistencia de las comunidades y organizaciones en los
territorios afectados por los megaproyectos de minería.
-
Llevar
adelante acciones para recuperar los territorios invadidos por las mineras
imperialistas y continuar la oposición a los megaproyectos de muerte.
-
Rechazar
en forma permanente al imperialismo chino y otros que violan la Soberanía
Nacional.
-
Repudiar
al gobierno vendepatria de Correa como uno de los más entreguistas y serviles
del imperialismo, y bregar para que responder por todas las violaciones de
derechos que ha cometido.
-
Denunciar
en organismos internacionales que el aparato jurídico de Ecuador está al
servicio de las transnacionales y el gobierno, por lo que no hay posibilidad de
justicia en este país.
-
Denunciar
a la Defensoría del Pueblo porque no cumple sus obligaciones constitucionales,
y ha dejado en la indefensión a las comunidades afectadas por los megaproyectos
de minería, a las y los defensores de derechos y a la Madre Tierra.
-
Continuar
exigiendo a las autoridades locales que cumplan sus obligaciones con sus
poblaciones territoriales.
Repudiar a todos los
politiqueros oportunistas y ongs que utilizan la lucha de las comunidades
afectadas por la minería. 
TRIBUNAL POPULAR
CONTRA LA INVASIÓN MINERA IMPERIALISTA
1.
ANTECEDENTE Y RESUEMEN DE HECHOS
Desde
hace varios años, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos mineros
hemos venido resistiendo a la intromisión ilegal e ilegítima de empresas y
corporaciones. Por más de una década hemos reclamado a distintas autoridades
judiciales y civiles sobre la violación de derechos constitucionales y humanos
que las corporaciones mineras y funcionarios de gobierno han venido cometiendo
en desmedro de comunidades campesinas, indígenas y ciudadanía en general.
Muy
notorio ha sido ante la sociedad ecuatoriana de como comunidades afectadas y
organizaciones populares han resistido y elevado su voz de protesta en
innumerables acciones en defensa de sus medios de vida y de la soberanía
nacional, lo cual está siendo amenazado por la mega industria minera. Mujeres,
hombres, niños, campesinos, indígenas, pobladores, estudiantes han reclamado justicia
y respeto a sus derechos.
Pero
las justas demandas de las comunidades afectadas y de las organizaciones jamás
han sido oídas y atendidas. Nunca ha existido una acción de un fiscal, o de un
juez o de una corte para llevar algún proceso judicial acusatorio para frenar
las flagrantes violaciones de derechos que empresas mineras extranjeras y
funcionarios gubernamentales han cometido contra los intereses del país, las
comunidades locales y los ciudadanos.
Desde
la década de los 80 y 90 del siglo pasado, decenas de corporaciones mineras se
repartieron miles de miles de hectáreas del suelo ecuatoriano, una explosión de
concesiones mineras fueran entregadas a dedo por funcionarios gubernamentales
amparándose en una legislación hecha a media de las corporaciones. Como buitres
tras la presa ingresaron a las comunidades rurales para perforar y rastrear los
recursos mineros sin entregar ninguna información y sin consultar a ninguna
comunidad. Mientras tanto el estado y gobiernos de turno hacían el silencio
cómplice y daban todas las garantías a las empresas invasoras.
Toda
esa intromisión ilegal y todo ese festín de concesiones mineras provocaron la
reacción de organizaciones populares y comunidades que empezaron a descifrar el
riesgo en que se encontraban frente a estos gigantes proyectos de minería que
amenazaban sus fuentes de vida.
Desde
inicios del 2000, pero sobre todo a partir de 2004, 2005 y 2006 en adelante, se
vería una constante movilización de las poblaciones locales, en especial en el
sur de Ecuador, contra la invasión minera.
Comunidades
afectadas en la zona de Intag en la provincia de Imbabura y en la provincia de Morona Santiago, cantones como
Gualaquiza y Limón Indanza se levantaron en masivas movilizaciones en contra de
los proyectos mineros Pananza-San Carlos y Mirador ese tiempo de la canadiense
Corriente Resorces-Ecuacorriente. Movilizaciones que fueron contundentes en el
2006 y desembocaron en la suspensión de la actividad minera en Morona Santiago,
y el proyecto Mirador en Zamora Chinchipe. También en Azuay se registraron,
movilizaciones contra la minera IAMGOLD.
La
respuesta de las comunidades afectadas y las organizaciones populares siempre
estuvo presente denunciando y reclamando las injusticias, pero los oídos sordos
de autoridades que hacían el papel de cómplices y siempre estuvieron de lado de
las empresas.
Es
muy destacable la labor de las comunidades afectadas y organizaciones populares
que valientemente cumplieron una intensa labor de denuncia de las violaciones
de derechos, de información y educación sobre los efectos sociales y
ambientales que acarrea la mega minería, toda esta labor ayudó muchísimo en
visibilizar y comprender esta problemática, labor que jamás estado, gobierno
central o seccional alguno se tomó la molestia de hacerlo pese que la ley lo
ordena.
Para
comienzos del 2007 las comunidades afectadas y organizaciones populares se
agruparon la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía
CNDVS, un espacio que fue vital en la resistencia. La CNDVS pudo organizar la
resistencia y realizó varias masivas movilizaciones resaltando entre ellas el
levantamiento anti minero iniciado el 5 de junio de 2007 y el proceso popular
denominado Dialogo por la Vida con el que la CNDVS entró en un proceso movilizatorio
con más de 20 asambleas populares en distintas provincias y zonas de conflicto.
La
continua movilización y en muchos caso con medidas de lucha que demandó de gran
sacrifico de las comunidades afectadas dio como fruto que en el 2008 la
Asamblea Constituyente emita el llamado Mandato Minero, disponiendo al
Ministerio de Minas y Petróleos de ese entonces la extinción de concesiones por
varias causales y la suspensión de las actividades en las concesiones mineras.
Sin embargo, este Mandato nunca se ha hecho efectivo, en especial en lo
referente al Art. 1 con respecto a la extinción por el incumplimiento del
proceso de Consulta Previa, exigido en el Art. 88 de la Constitución anterior;
lo que constituyó un abierto desacato, nada menos que a la Asamblea Constituyente
de “plenos poderes”, desacato señalado en el numeral 2 del Art. 215 de la Nueva
Constitución del 2008; y tampoco lo referente a la extinción de concesiones que
están dentro de bosques protectores, áreas protegidas y zonas de
amortiguamiento (Art. 3), así como las que afecten fuentes de agua.
Pese
a las innumerables veces que las comunidades afectadas y organizaciones
populares han solicitado hasta la fecha actual se aplique el Mandato Minero
ordenado por Asamblea Constituyente jamás ninguna autoridad gubernamental ni
judicial ha hecho caso sobre este asunto. Simplemente el silencio y la omisión han
sido la conducta de complicidad para favorecer a las corporaciones mineras.
En
octubre de 2008 cuando entro en vigencia
la Nueva Constitución del Ecuador las comunidades afectadas no auguraron ningún
cambio importante en la legislación en torno a derechos democráticos, pese a
que el oficialismo promocionó a más no
poder los grandes “avances” de la nueva carta magna y se llenó la boca con los
llamados “derechos de la naturaleza”, en el fondo nada progresista se lograría
para las intereses populares, sino más bien se darían verdaderos retrocesos en
la legislación al limitar por ejemplo derechos como el de la Consulta Previa
quedando mutilado su ejercicio al sancionarse que la decisión que tomen las
comunidades afectadas, no sería vinculante, es decir, que la voluntad de las
comunidades locales no tenía ningún valor jurídico, así lo expresa el Art. 398.
Igualmente
en la nueva Constitución en el Art. 313 se ordena al estado que de manera
exclusiva decida, administre controle y gestione los recurso no renovables bajo
el supuesto de sector estratégico, lo que contradice normas de gobiernos
regionales y locales sobre el uso y manejo del suelo. También la nueva Constitución
como reza el Art. 407 dio poderes excepcionales en donde a petición del
Presidente de la república se podría hacer explotación de recursos no
renovables en áreas protegidas e intangibles.
En
enero del 2009 se sancionó la nueva Ley de Minería, y en noviembre del mismo
año se expediría el Reglamento a la Ley de Minería. Esto daría todo el marco
legal para que el capital minero tenga vía libre y continúen en sus proyectos de
muerte en las comunidades. Pese que varios artículos de dicha ley contradicen
artículos señalados en la Constitución no se ha dado pie atrás, más bien
algunas acciones legales presentadas sobre la inconstitucionalidad de esa ley
fueron rechazadas por algunas autoridades judiciales. Últimamente, se han hecho
nuevas reformas a la Ley para satisfacer los apetitos de las corporaciones
mineras.
En
todos estos años en donde el pueblo ha venido luchando y demostrando en innumerables ocasiones la ilegalidad de
los proyectos mineros, señalando con testimonios y razonamientos los gravísimos
impactos que esta invasión minera está provocando en las comunidades y
poblaciones, exponiendo el crimen que sería
hacer minería en los páramos andinos como lo es en el caso del proyecto
Río Blanco y el de Quimsacocha en Azuay; proyectos como el primero que está
ubicado la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, o el segundo que
pone en peligro el mismo sistema hídrico del que depende la ciudad de Cuenca,
pese a todo ello ninguna autoridad civil o judicial ha hecho nada para detener
estas injusticias y graves violaciones de derechos.
Ni
fiscales ni jueces, ni la Corte Constitucional y peor aún la llamada Defensoría
del Pueblo han sido capaces de defender los derechos de las comunidades y
poblaciones afectadas por los mega proyectos de minería. Todo lo contrario, en
el caso de la Defensoría del Pueblo, esta no ha hecho nada frente a las
denuncias presentadas por las violaciones de derechos cometidas en contra de
las comunidades y defensores de derechos, más bien ha dado la razón a la fuerza
pública y ha santificado la represión a quienes se atreven a protestar, como en
el caso de las mujeres Defensoras de la Pachamama agredidas por la policía en
20 de octubre de 2015 en Molleturo.
Pero
¿cuál ha sido el papel de las autoridades judiciales? Este Tribunal Popular lo
dice muy claro: servir al capital minero, ser instrumentos útiles para la
criminalización y persecución de toda persona que se oponga a los proyectos
mineros. Fiscales, jueces, policía
nacional y militares han cumplido fielmente las órdenes del gobierno central
para perseguir judicialmente a campesinos y pobladores que se oponen a la
minería, han actuado muy eficientes en reprimir, detener, encarcelar, enjuiciar
a dirigentes y pobladores que defienden las fuentes de vida amenazadas con la
mega minería.
Mujeres
y hombres de casi todas las zonas de conflicto han sido criminalizados, de
Limón, de Gualaquiza, de Pangui, de Molleturo, de Victoria del Portete, de
Intag. Mujeres campesinas de Molleturo han sido procesadas bajo temerarios
tipos penales de Sabotaje y Terrorismo. Uno de los caso más repudiables se dio
en enero de 2009 en Indanza parroquia de Limón Indanza Morona Santiago en donde
el dirigente de la Coordinadora Campesina Popular, el compañero Vicente Zhunio
fue detenido ilegalmente, baleado, y secuestrado en manos de la policía
nacional, luego el compañero fue procesado en tiempo record y encarcelado
ilegalmente por 30 día en la cárcel de Macas. Luego cuando la defensa pudo
probar toda la ilegalidad de ese juicio no le quedó más a la Corte Provincial
de Morona Santiago que anular ese juicio y absolver al compañero. Esta es la
conducta de cómo han actuado los supuestos representantes de la justicia en
Ecuador frente al tema minero, su papel ha sido actuar como serviles del
gobierno y del capital minero.
Hoy
mismo, este momento denunciamos una vez más el papel lacayo de la fuerza armada
del Ecuador, este mismo instante contingentes del “valeroso” ejército
ecuatoriano y de la policía nacional resguardan y facilitan la invasión de la
minera privada china ExplorCobres de la corporación china Tongling, en la
parroquia Pananza, cantón San Juan Bosco al sur de Morona Santiago. El papel de
estos soldados y policías es cumplir las órdenes de los ministro Serrano y
Patiño, para que atemoricen a la población campesina e indígena de la zona,
para que atemoricen a mujeres y niños en la zona, para que cuiden celosamente
la construcción del campamento minero de la empresa extrajera china Tongling
cerca de la parroquia Pananza, es decir, el papel lacayo de proteger al
imperialismo chino y el papel fascista de reprimir a la población local es el
papel de las fuerzas armadas ecuatorianas.
En
este Tribunal Popular también debemos señalar el papel cómplice de
asambleístas, prefectos, alcaldes, representantes de las juntas parroquiales
que se llenan los bolsillos con mega sueldos y quienes se han hecho de la vista
gorda todo estos años frente a la problemática minera. En su gran mayoría
defendiendo los intereses de las corporaciones, unos cogiendo la migajas de las
mineras otros haciendo coro con los ingenieros de las minas.
Se
debe señalar en este Tribunal a los politiqueros oportunistas que han usado la
resistencia antiminera para trepar en los puestos estatales y hacer dinero,
algunos de ellos se hacen de la noche a la mañana “luchadores por el agua”,
“ecologistas”, “antimineros” solo con el objetivo de hacerse plataforma para
andar de candidatos en el circo electoral. Muy indignante es ver a personajes
como, Salvador Quishpe o Marcelino Chumpi arrastrándose ante el mejor poster de
la reacción y con el grueso cinismo de autodenominarse opositores a la minería.
Incluso
algunos cínicos botados del oficialismo como Oswaldo Larriva, personaje
conocido como el represor de Molleturo, porque no podemos olvidar que este
individuo invadió con la policía la comunidad de Pueblo Nuevo en enero de 2009,
en donde ingresaron ilegalmente en las casas, botaron bombas lacrimógenas hasta
más no poder sin importarle niños ni mujeres de la comunidad. Igual cosa hizo
en Tarqui y Victoria del Portete durante las movilizaciones del 2007 y 2008 y
2009.
Este
personaje que hoy se presenta como “defensor del agua”, cuando fue gobernador
de Correa difamaba públicamente a miembros del Frente de Mujeres Defensoras de
la Pachamama de ser financiadas por otras mineras.
Del
mismo modo en todo este tiempo de resistencia se ha identificado a un grupo de
ongs que bajo el supuesto “apoyo” a la resistencia dividen a las comunidades y
organizaciones, viven rebuscando financiamientos, viajes y prestigio; tomándose
el nombre de las comunidades afectadas se aprovechan para fines personales.
Ante
esta audiencia popular denunciamos una vez más: que nuestro país ha remarcado
más su condición de dependencia y semicolonialidad. Que el gobierno vende
patria de Correa ha entregado la soberanía nacional al capital financiero
imperialista chino hasta niveles insostenibles. Que sectores estratégicos de la
economía nacional como petróleo, minas, hidroeléctricas, telefonía, mega
construcciones están en manos del capital financiero y buitres imperialista.
Que el gobierno de la llamada revolución ciudadano ha endeudado al país hasta
ya no poder más, la deuda externa está sobre los 30 mil millones de dólares lo
que ha condicionado al país a los intereses chinos cuyos prestamos de rapiña
son entregados al gobierno nacional a cambio de ceder el petróleo y los
recursos no renovables (minas) que ya no son de los ecuatorianos.
Es
esta condición semicolonial y de dependencia en que se ha encadenado al país en
estos últimos años, la que provoca que el gobierno correísta trate de imponer a
sangre y fuego la era de la mega minería. Son estos últimos años que se ha
creado todas la condiciones para favorecer a las corporaciones mineras para que
estas empiecen a construir su proyectos.
Ante
esta audiencia popular remarcamos, que para este sistema
capitalista-imperialista, que para estos gobiernos lacayos, no interesa la vida
de las comunidades afectadas, no interesa los ecosistemas, no interesa el agua
de las poblaciones, no interesa los derechos humanos ni constitucionales que
pueda tener el pueblo ni la Madre Tierra; para este sistema y sus
representantes lo único que interesa es la ganancia a toda costa, esa es su
lógica.
No
se trata de tal o cual estudio, no se trata de aplicar de buena manera lo que
dice un estudio de impacto ambiental, no se trata de respetar tal o cual
reglamento, no se trata de tener confianza en la buenas obras de los
funcionarios de control. No, de lo se trata es de obtener millonarias ganancias
y eso sólo es posible a costa de vulnerar los derechos de las comunidades y
poblaciones, a costa de matar los ecosistemas, contaminar el agua, el suelo y
aire, a costa de hacer a un país un simple proveedor de materias primas. Por
eso bien dicho esta que la llamada minería responsable de la que hablan las corporaciones
y los gobiernos no es más que “un cuento miserable”.
2.
PRESENTACIÓN TESTIMONIOS
-
Río Blanco: María
Herlinda Gutama (Presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama),
Georgina Gutama Muevecela (Coordinadora del Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama)
-
Quimsacocha: Rosío
Pérez Arévalo (Vicepresidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la
Pachamama), Francisca Zhagüi Chuchuca (Miembro del Directorio del Frente de
Mujeres Defensora de la Pachamama).
-
Pananza-San Carlos: Rosario López
(Miembro del Directorio del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía);
Santiago Peláez (Representante de la Coordinadora Campesina Popular CCP),
Fernando Mejía (Representante de la CCP).
3. PRESENTACIÓN DE LAS
ACUSACIONES
Se acusa a las corporaciones mineras imperialistas, al
Estado y gobiernos de Ecuador de:
1. Socavar la Soberanía Nacional, al invadir y despojar de sus
territorios a las comunidades a fin de imponer los megaproyectos de minería.
2. Impulsar e implantar por la fuerza los megaproyectos mineros
de muerte para que las transnacionales y sus lacayos obtengan millonarias
ganancias a costa de la destrucción de ecosistemas vitales como son los páramos
del Cajas y la Amazonía.
3. Endeudar al país para permitir al capital financiero, chino
en particular, presionar sobre nuestros recursos naturales.
4. Profundizar la condición de país semifeudal reprimarizando
la economía, acentuando la dependencia con respecto a la exportación de materias
primas como son los minerales.
5. Utilizar la fuerza pública como guardia de seguridad
particular de las corporaciones, militarizando las zonas de conflicto,
reprimiendo la protesta de las comunidades, agrediendo física y verbalmente a
las y los defensores de derechos cuando reclaman contra la invasión minera
imperialista.
6. Violar, violentar, limitar y negar derechos a las
comunidades para imponer los megaproyectos de minería, así como a las y los
defensores de los Derechos Humanos y a la Madre Tierra.
7. Engañar a la ciudadanía con promesas de desarrollo y
bienestar que supuestamente traería la minería a gran escala, cuando saben bien
que la “minería responsable”, no es más que un “cuento miserable”.
8. Haber causado mayor violencia contra las mujeres, tanto en
el ámbito familiar y comunitario, como al impedirles desarrollar acciones en
defensa de los derechos y de la Madre Tierra.
Además de lo antes anotado se suma al gobierno de Rafael
Correa las siguientes acusaciones:
9. Haber llevado al país a la crisis y a un endeudamiento sin
precedentes luego de festinarse una década de los precios más altos del
petróleo.
10. Desacatar el Mandato Minero por el cual quedaron extinguidas
las concesiones de los proyectos Río Blanco, Quimsacocha, Pananza-San Carlos y
los demás, por ser inconsultos, estar dentro de bosques protectores, áreas
protegidas y sus zonas de amortiguamiento, y por estar en áreas de donde nacen
fuentes de agua, entre otros causales.
11. Haber declarado como “estratégicos” y de “interés nacional”
los megaproyectos mineros Río Blanco, Quimsacocha, Pananza-San Carlos, Mirador
y Fruta del Norte, para justificar la entrega de territorio nacional para el
saqueo minero.
12. Poner a subasta pública nuevas áreas para entregarlas en
manos de la mafia minera internacional.
13. Adecuar la legislación ecuatoriana al antojo de las
transnacionales para facilitar la invasión y rapiña.
14. Ser el publicista, recadero, agente, defensor de las
transnacionales imperialistas, en especial a través de los ministerios de
Recursos No Renovables, Ministerio de Minería, de Ambiente y Secretaría
Nacional del Agua SENAGUA.
15. Facilitar los fraudulentos procesos de entrega de
concesiones, licenciamientos ambientales y otros con los que se pretende
justificar el atraco minero.
16. Criminalizar la protesta social, encarcelar, judicializar, perseguir
y poner en situación de riesgo a defensoras y defensores de las zonas afectadas
por los megaproyectos mineros.
17. Dejar en la indefensión a las y los defensores de los
Derechos Humanos y a las comunidades afectadas por los conflictos mineros.
18. Falta de transparencia, engaño, manipulación, compra de
conciencias en busca de conseguir la Licencia Social para las corporaciones
mineras, en especial con Ecuador Estratégico.
19. Dividir a las comunidades para facilitar la invasión minera
imperialista.
Se acusa al Sistema Judicial:
20. De no haber llevado
adelante ningún proceso frente a las graves denuncias de los derechos violados
para la imposición de los megaproyectos de minería, y casos de agresiones,
amenazas y otros, presentados por defensoras y defensores de los Derechos
Humanos.
21. De haber desacatado el Mandato Minero.
22. De ser parte activa de la criminalización, persecución
judicial y hostigamiento a las y los defensores dentro de los conflictos
socio-ambientales por minería.
23. Dejar en la indefensión a las y los defensores de los
Derechos Humanos y a las comunidades afectadas por los megaproyectos mineros.
Se acusa a la Defensoría del Pueblo:
24. De ser un ente al
servicio del gobierno actual, una dependencia que sólo cumple órdenes, que no
sirve para defender los derechos de las y los afectados por los megaproyectos
de minería, y mucho menos de las y los defensores de los Derechos Humanos.
25. No haber nada para que se cumpla el Mandato Minero.
26. De ser en la práctica defensoría del gobierno, defensoría de
la policía, defensoría de la minería.
27. Dejar en la indefensión a las y los defensores de los
Derechos Humanos y a las comunidades afectadas por los megaproyectos mineros.
Se acusa a los gobiernos locales:
28. De ser cómplices de la invasión minera imperialista, al no
haber hecho nada efectivo para detener la intromisión extranjera en los
territorios, especialmente en zonas de ecosistemas sensibles y vitales para la
población del territorio parroquial, cantonal y provincial.
Se acusa también a los politiqueros y ongs:
29. De utilizar, aprovechar y debilitar la resistencia de las
comunidades favoreciendo el avance de los megaproyectos de minería.
30. A los politiqueros oportunistas de usar la lucha de
resistencia contra los megaproyectos para trepar en cargos, especialmente del
Estado, vía elecciones.
31. A ciertas ongs, de
aprovechar de esta lucha para obtener enormes recursos para su beneficio
económico.
4.
DERECHOS VIOLADOS
Entre
otros los derechos estipulados en la Constitución ecuatoriana y que se han
violado con la imposición de los megaproyectos de minería son:
Derecho
al Agua
Derecho
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Derecho
a la Salud
Derecho
a la Libertad
Derecho
a la Resistencia
Derecho
a la Consulta Previa, libre e informada
Derecho
a la Información
Derecho
a la libertad de opinión y expresión
Derecho
a la manifestación y participación, en especial de las mujeres
Derecho
a la libre asociación
Derecho
a la tranquilidad e integridad
Derecho
al honor y buen nombre
Derecho
al trabajo
Derechos
de la Naturaleza
5. RESOLUCIÓN DEL
TRIBUNAL POPULAR
Una vez
que los acusados han sido encontrados culpables, este TRIBUNAL resuelve:
-
Continuar fortaleciendo la resistencia
de las comunidades y organizaciones en los territorios afectados por los
megaproyectos de minería.
-
Llevar adelante acciones para recuperar
los territorios invadidos por las mineras imperialistas y continuar la oposición
a los megaproyectos de muerte.
-
Rechazar en forma permanente al
imperialismo chino y otros que violan la Soberanía Nacional.
-
Repudiar al gobierno vendepatria de
Correa como uno de los más entreguistas y serviles del imperialismo, y bregar
para que responder por todas las violaciones de derechos que ha cometido.
-
Denunciar en organismos internacionales
que el aparato jurídico de Ecuador está al servicio de las transnacionales y el
gobierno, por lo que no hay posibilidad de justicia en este país.
-
Denunciar a la Defensoría del Pueblo
porque no cumple sus obligaciones constitucionales, y ha dejado en la
indefensión a las comunidades afectadas por los megaproyectos de minería, a las
y los defensores de derechos y a la Madre Tierra.
-
Continuar exigiendo a las autoridades
locales que cumplan sus obligaciones con sus poblaciones territoriales.
-
Repudiar a todos los politiqueros
oportunistas y ongs que utilizan la lucha de las comunidades afectadas por la
minería.
